(Fotografía:Especial)

Redacción: Salvador Moreno

La Bancada Naranja en el Congreso local presentó una iniciativa para revolucionar el modelo de movilidad actual. El objetivo principal es que el transporte público en Guanajuato sea reconocido formalmente como un derecho humano. Esto obligaría a las autoridades a garantizar que el servicio sea asequible para todos los sectores de la población.

Tarifas basadas en el ingreso económico

El legislador Rodrigo González Zaragoza señaló que el servicio debe ser considerado una necesidad básica. La propuesta busca implementar criterios de accesibilidad económica. Esto significa que las tarifas del transporte público en Guanajuato se aplicarían de forma proporcional. En términos simples: que pague menos quien menos gana. Para lograrlo, se requiere una reforma integral a la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

(Fotografía:Cortesía)

Un nuevo rol para el Poder Ejecutivo

Actualmente, los municipios tienen una atribución exclusiva sobre este servicio. La iniciativa de Movimiento Ciudadano plantea eliminar esa exclusividad. Se busca dar al Ejecutivo estatal facultades de participación en la planeación y financiamiento. Al involucrar al estado, se pretende mejorar la regulación del transporte público en Guanajuato. La propuesta también contempla la creación de una metodología clara para definir costos y utilidades razonables.

Creación de un Fondo de Subsidio

Para asegurar que las tarifas se mantengan bajas, se propone crear un Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano. Este mecanismo financiero sería clave para la sostenibilidad del transporte público en Guanajuato. El fondo garantizaría que los transportistas reciban lo justo sin afectar el bolsillo del usuario final. La parte constitucional de esta propuesta ya se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El camino hacia la aprobación legal

El análisis de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios quedó en manos de la comisión correspondiente. Los diputados deberán estudiar la viabilidad técnica de este cambio de paradigma. De aprobarse, el transporte público en Guanajuato dejaría de ser un negocio meramente privado. Se convertiría en un sistema estatal enfocado en la justicia social y la eficiencia operativa para los ciudadanos.

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