(Fotografía:Especial)

Redacción: Salvador Moreno

La batalla legislativa por la licencia permanente en Guanajuato ha llegado a un punto crítico tras el rechazo de la propuesta en el Congreso del Estado. Esta iniciativa, impulsada originalmente por la bancada de Morena, buscaba eliminar la necesidad de renovar periódicamente la licencia de conducir tipo A. Sin embargo, la Comisión de Movilidad decidió “batear” el proyecto, argumentando que existen riesgos significativos en la verificación de los conductores y en la seguridad de las vías públicas.

A pesar de que entidades como la Ciudad de México o San Luis Potosí ya cuentan con este esquema, en Guanajuato se considera inviable por ahora. El principal argumento en contra de la licencia permanente en Guanajuato radica en la falta de actualización de datos biométricos y médicos que permite la renovación cada determinado tiempo. Para las autoridades locales, mantener un control sistemático es la única forma de garantizar que quienes están tras el volante sigan siendo aptos para conducir.

El impacto económico para las familias guanajuatenses

Uno de los puntos más polémicos en torno a la licencia permanente en Guanajuato es el costo del trámite actual. Durante el análisis en la mesa de trabajo, se reveló que para este 2026, el precio del documento sufrió un incremento considerable, pasando de 780 a 936 pesos. Este encarecimiento ha generado descontento, ya que la propuesta de una licencia única buscaba precisamente aliviar el bolsillo de los ciudadanos al eliminar los pagos recurrentes por renovación.

Desde el año 2018, el estado ha reportado una caída del 57% en los ingresos generados por trámites de licencias. Paradójicamente, aunque la licencia permanente en Guanajuato podría atraer a más contribuyentes al padrón, el gobierno estatal teme que la pérdida de la recaudación por renovaciones afecte las finanzas públicas. No obstante, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas emitió una opinión positiva, asegurando que el cambio no representaría un riesgo financiero real para el erario.

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Seguridad vial y el artículo 21 constitucional

El representante de la Secretaría de Seguridad y Paz, Cristian Baruch González, fue contundente al defender la periodicidad de los exámenes. Según el funcionario, la licencia permanente en Guanajuato contravendría el espíritu del artículo 21 constitucional, el cual establece que la seguridad pública es una función del Estado para salvaguardar la vida. La renovación obligatoria actúa como un filtro preventivo para detectar conductores que ya no cumplen con las capacidades necesarias para operar un vehículo.

Esta postura oficial sugiere que la periodicidad no es solo un tema recaudatorio, sino una política de prevención de siniestros. Al no existir una licencia permanente en Guanajuato, el sistema obliga al ciudadano a presentarse físicamente, permitiendo que la autoridad valide que los datos y las condiciones del conductor siguen vigentes. Sin este control, se argumenta que la seguridad en las carreteras y zonas urbanas podría verse comprometida a largo plazo por conductores con licencias “eternas” pero sin supervisión.

El futuro de la movilidad en el Congreso Local

La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, de Movimiento Ciudadano, señaló que el tema no está cerrado del todo, pues se espera información técnica de otros estados. El Congreso se mantiene a la espera de datos sobre cómo ha funcionado la implementación de trámites similares en la capital del país para robustecer el dictamen. Mientras tanto, la posibilidad de obtener una licencia permanente en Guanajuato permanece congelada, dejando a los usuarios bajo el régimen de renovaciones cada dos, tres o cinco años.

Es importante mencionar que el tiempo corre para los legisladores en otros temas de la agenda, pero la presión social por los costos del trámite de conducir sigue creciendo. Por ahora, los ciudadanos deberán seguir pagando los 936 pesos establecidos para el ejercicio fiscal actual. La discusión sobre la licencia permanente en Guanajuato promete volver a la mesa una vez que se presenten mecanismos de verificación más claros que convenzan a la Comisión de Movilidad y a las instituciones de seguridad.

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