(Fotografía: Especial)

Redacción: Victoria Dueñas

La Cancillería mexicana clasificó como reservada toda la documentación, correos y notas diplomáticas con Washington sobre las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York contra el gobernador con licencia y el senador Enrique Inzunza.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aplicó un freno total a la transparencia en uno de los casos políticos más delicados del país. La dependencia resolvió clasificar como reservada por un término de cinco años toda la documentación, oficios, comunicaciones diplomáticas, notas verbales y correos institucionales intercambiados entre los gobiernos de México y Estados Unidos relacionados con las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico de dos figuras clave de Morena en Sinaloa: el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares.

A través de una respuesta a una solicitud de información pública, la Cancillería mexicana justificó el blindaje informativo argumentando razones de seguridad diplomática y bilateral.

El argumento de la SRE: “Proteger la confianza mutua”

De acuerdo con la resolución de la Unidad de Transparencia de la Cancillería, hacer públicos estos expedientes vulneraría las estrategias de coordinación de inteligencia entre ambas naciones.

“La divulgación de esta información podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano, al revelar elementos sensibles de los mecanismos de cooperación, análisis de información, estrategias de coordinación intergubernamental y consideraciones para la conducción de la interlocución diplomática entre México y Estados Unidos.”

La SRE insistió en que la difusión de los documentos oficiales “podría afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países”, incidiendo de forma negativa en la eficacia de los canales institucionales.

Cuentas congeladas en la Cámara Alta

Este cerco informativo ocurre meses después de que, en abril pasado, la Fiscalía de Nueva York hiciera públicas las acusaciones formales contra una decena de exfuncionarios del estado de Sinaloa por presuntos nexos con la facción delictiva de “Los Chapitos”.

Entre los nombres señalados por las agencias estadounidenses destacan precisamente el mandatario Rocha Moya y el legislador Inzunza Cázares. Las repercusiones financieras ya alcanzaron a este último: tras la congelación de sus cuentas bancarias, el senador Enrique Inzunza —quien se ha mantenido en su escaño en la Cámara Alta sin solicitar licencia— se ha visto obligado a cobrar su dieta legislativa de manera física mediante cheques.

La contradicción con el discurso de Palacio Nacional

El bloqueo de información por parte de la Cancillería contrasta de forma directa con la postura pública que ha sostenido el Poder Ejecutivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones que su Administración solicitará formalmente al gobierno de Estados Unidos las pruebas que sustenten los señalamientos contra los políticos sinaloenses. Sin embargo, mientras en la tribuna pública se promete transparencia y se exige el respeto a la soberanía, en la vía administrativa la SRE ha decidido colocar un candado que mantendrá los expedientes en la opacidad, al menos, hasta el año 2031.

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