La Suprema Corte de Justicia anuló este lunes la reforma para ampliar de dos a cinco años el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, aprobada por el Congreso local después de las elecciones de junio de 2019.

Por unanimidad y con furia pocas veces vista en el máximo tribunal al eliminar una ley, el Pleno de la Corte resolvió que la ampliación del mandato de Bonilla, del partido Morena, fue un fraude a la Constitución, una maquinación que violó los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección, irretroactividad de las leyes y derecho al voto, consignó el diario Reforma.

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“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada; pero apreciadas en su conjunto, e interrelacionadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución; un efecto corruptor de rango Constitucional”, acusó, sin ocultar su indignación, el presidente Arturo Zaldívar, añadió la información de Reforma.

“Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que éstos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas”, añadió.

El ministro Juan Luis González Alcántara calificó a su vez la reforma como un atropello al derecho al voto libre, secreto y directo, mientras que otro ministro, Alfredo Gutiérrez, la describió como un ataque al corazón de la democracia.

“Cuando los representantes traicionan a sus representados, nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y nuestra Constitución”, dijo Norma Piña, que se refirió a la actuación de los diputados locales como un abuso de poder.

Yasmín Esquivel dijo que la Corte sienta este precedente para evitar que cualquier autoridad federal, estatal o municipal cambie las reglas sobre el voto ya emitido, y pretenda perpetuarse en el cargo, añadió la información de Reforma.

“Prorrogar desde el poder político el periodo de duración de mandato para un cargo ya elegido, implica pretender evitar que exista una verdadera contienda, y se convertiría en una reelección disfrazada, ignorando y despreciando por completo la voluntad del pueblo elector”, destacó a su vez el ministro Luis María Aguilar.

Otra ministra, Margarita Ríos-Farjat, recordó que el artículo 105 de la Constitución prohíbe reformas en los 90 días previos al inicio oficial de los procesos electorales, es decir, desde junio de 2018 ya no era posible cambiar el periodo de dos años del gobernador que sería electo en junio de 2019.

La eliminación de la llamada Ley Bonilla era previsible. Desde 2006, la Corte estableció que los periodos de los funcionarios de elección popular no pueden ser alterados después de los comicios, y la única duda era si alguno de los ministros en funciones–ninguno de los cuales votó hace 14 años–, defendería la maniobra de Baja California. Nadie lo hizo, finalizó la información de Reforma.

(Foto: Tomada del diario El Financiero)

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