Un juez federal aplazó para el próximo 31 de enero a las 9:00 horas la audiencia de imputación contra Ricardo Anaya por el caso de los presuntos sobornos de la reforma energética, pero advirtió que en la próxima diligencia el panista deberá comparecer en forma física.

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la capital del país, le advirtió que, de no presentarse en la sala de audiencias, le dejará a la Fiscalía General de la República la posibilidad de que recurra a otro mecanismo legal para conducirlo a proceso, consignó el diario Reforma.

Esto último significa que, de no regresar a México para afrontar la imputación, la FGR estará en condiciones de pedir la orden de aprehensión contra el ex candidato presidencial.

Desde el 26 de agosto, otro juez, Gustavo Aquiles, le advirtió al ex candidato presidencial que si este lunes no acredita que está conectado por videoconferencia desde un lugar de la Ciudad de México, se tendría por incumplida su asistencia a la cita judicial y en consecuencia será procedente otra forma de conducirlo a proceso.

Anaya es acusado de crimen organizado, soborno y lavado de dinero, delitos vinculados a un presunto soborno de 6.8 millones de pesos en 2014, que podría llevarlo a prisión por 30 años.

El anuncio se da justo cuando el influyente diario Wall Street Journal publica este lunes una entrevista desde Nueva York en la que el panista asegura que vive una persecución del presidente Andrés Manuel López Obrador.

AUTORITARIO Y VENGATIVO

“Es autoritario, vengativo y quiere destruirme”, dijo Anaya Cortés en la entrevista, consignó el diario Reforma.

El presunto soborno a Anaya, en agosto de 2014, fue ocho meses después de la aprobación de la reforma energética y cinco meses después de que el panista dejó de ser diputado.

Habría sido el soborno más estúpido de la historia (…) o compraron el voto de alguien que no tenía voto, o pagaron por un voto que emití meses antes”, dijo Anaya al WSJ.

“Si hubiera votado en contra de esa reforma la gente habría pensado que me había vuelto loco”, justificó.

El 26 de agosto y el 4 de octubre ya habían aplazado las diligencias, porque Anaya y su equipo argumentaron que no habían tenido acceso a todas las constancias de la carpeta de investigación.

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