La diputación federal del PAN protestó en tribuna y exigió del Presidente Enrique Peña Nieto y al candidato José Antonio Meade explicar por qué 7 de cada 10 contratos firmados con los mil proveedores del Gobierno se asignaron de forma directa.“No debe volver a ocurrir que en México se haga mal uso de los recursos públicos, se tomen pésimas decisiones económicas y se hagan asignaciones de contratos sin licitación de por medio, y que no haya una sanción al respecto. Es necesario -por eso- que Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade, su candidato, den una clara y puntual explicación de por qué el 70 por ciento de contratos se dio sin licitación”, planteó Marko Cortés, jefe de la bancada, consignó el diario Reforma.En su edición de este martes, el diario Reforma reveló que durante la Administración de Peña Nieto 7 de cada 10 contratos con los mil principales proveedores del Gobierno se adjudicaron de manera directa, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).A juicio del diputado Cortés, esa manera de proceder del Gobierno amerita una sanción para los responsables, añadió en su nota del diario Reforma.El IMCO elaboró el “Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas” y analizó 700 mil procedimientos de contratación.Los contratos asignados por adjudicación directa, dice la nota publicada este martes por Reforma, significan el 31 por ciento de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016.Aunque la adjudicación directa está contemplada en la ley, su utilización debería ser excepcional, pues está acotada a la existencia de ciertas circunstancias, por ejemplo, que el proveedor sea el dueño de la patente o que existan razones de seguridad nacional.“El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, indicó a Reforma Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO.En la revisión de los contratos de 2012 a 2016, que están contenidos en la plataforma de Compranet, se encontraron tres variables que alertan de riesgos de corrupción: falta de competencia y de transparencia y la existencia de anomalías diversas.Estos factores, de acuerdo con la metodología implementada por el IMCO, permiten determinar el nivel de riesgo, debido a que la corrupción es propicia cuando no hay competencia ni transparencia.Por ejemplo, se detectó que algunas de las empresas a las que se les asignaron contratos carecían de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es decir, que no existen fiscalmente y, por tanto, no podían proveer de ningún bien o servicio al Gobierno.El procesamiento de la información, que duró casi un año, permitió determinar que casi la mitad de los 2.3 billones de pesos gastados se hizo bajo un riesgo de corrupción alto.Las cinco entidades que gastan con mayores riesgos de corrupción son la CFE, el ISSSTE, el IMSS, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y la SCT.Le siguen Prospera, Liconsa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría del Medio Ambiente.En el caso de la CFE, por ejemplo, la cual tiene 91 unidades compradoras calificadas como de alto riesgo, ejerció un gasto de 424 mil 466.8 millones de pesos en el periodo analizado, añadió la nota de Reforma.Otro hallazgo importante que arrojó el estudio es el cambio de los ganadores entre un sexenio y otro: las 73 principales empresas que en 2016 se llevaron el 32 por ciento del gasto público, en 2012, durante el último año de la administración panista de Felipe Calderón, sólo obtuvieron el 1.7 por ciento del pastel.En contraste, las 73 compañías que en 2012 fueron las beneficiarias con el 29 por ciento del gasto ejercido, en 2016 únicamente consiguieron el 1.6 por ciento.En esta liga puedes consultar el reporte completo del IMCOCompartir Navegación de entradasAnaya advierte: basta ya de intocables, incluido Enrique Peña Nieto Antares ya alista para la campaña a la gubernatura por Morena en Guanajuato
