La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó otro posible megafraude cometido por el Gobierno federal.

En su informe de la Cuenta Pública 2022 indica que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) “proporcionó” servicio médico a 125 jubilados difuntos y “pagó” pensiones a otras 56 personas fallecidas.

Información del diario Reforma indica que la ASF detectó que el Gobierno federal recopiló quejas de los derechohabientes con el servicio médico por la distribución de medicinas genéricas, en vez de los medicamentos de patente prescritos.

Además, no se les suministró el total de medicamentos recetados y no recibieron los reembolsos pactados por intervenciones quirúrgicas con particulares, por acudir con otros especialistas.

CERO MECANISMOS DE CONTROL

Tampoco hubo reembolso de gastos por servicios de médicos que tuvieron que pacientes cubrir por su cuenta, así como de medicamentos que adquirieron en otras farmacias.

Esas anomalías, sumadas a la falta de mecanismos de control y supervisión del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los servicios médicos contratados, junto con la ausencia de documentación justificativa de los gastos, generó una falta de comprobación millonaria de gastos.

La cifra asciende a 74.8 millones de pesos, según determinó la ASF en la revisión de los montos para el pago de Pensiones y Jubilaciones, así como Servicios Médicos-Quirúrgicos, Farmacéuticos y Hospitalarios del Fideicomiso “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural” (Fopesiban).

¿Y LA LANA?

En el caso del servicio médico proporcionado a 125 jubilados fallecidos, la ASF estimó un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública federal por un monto de 3 millones 329 mil 350 pesos.

La Auditoría constató que el CURP de esos derechohabientes se encontraban reportadas en el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), como “Baja por Defunción”.

El cruce de información también fue requerido por la ASF para identificar un pago improcedente de 764 mil 715 pesos a 56 pensionados y jubilados.

La auditoría detectó además un daño a la hacienda pública por 52 millones 86 mil 814 pesos por los pagos efectuados a diversos proveedores especializados en materias técnicas para el seguimiento, atención e implementación de diversos procedimientos para el fortalecimiento de actividades que llevó a cabo el Fopesiban en el cumplimiento de sus fines.

(Fotos: Tomadas del diario Reforma)

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