Ejército pidió a Guanajuato intervenir en operativo contra madre del Marro

El fiscal general del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa, aseguró que en el operativo del sábado 20 de junio que terminó con la detención de familiares de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la que pidió actuar a la Fiscalía General de Guanajuato (FGE) y solicitar al juez la orden de cateo, al tiempo que dio a conocer que más de 1,300 integrantes de las dos bandas en pugna en Guanajuato han sido detenidos.

En comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, el fiscal general respondió a todas las preguntas que le formularon los legisladores de los partidos representados en la Legislatura a quienes además les reiteró que el enemigo está afuera, en las calles de Guanajuato, los criminales que operan en el estado.

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Los legisladores estatales le cuestionaron los elevados índices delictivos, así como su permanencia en el cargo a lo que respondió que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) nunca ha dejado de trabajar, pues, de todos los homicidios que se han cometido, en todos se han abierto carpetas de investigación.

“No hemos claudicado y seguiremos combatiendo la delincuencia”, señaló el fiscal al recordar que, según estudios, la FGE es la que tiene el menor porcentaje de corrupción.

El diputado Paulo Bañuelos pidió detalles acerca del operativo del 20 de junio en Celaya en el que se detuvo a presuntos integrantes del Cartel de Santa Rosa de Lima, incluidos familiares del Marro. El fiscal respondió que la FGE de Guanajuato actuó a petición de la Sedena y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Zamarripa explicó que la orden de cateo, otorgada por un juez local, se basó en la búsqueda de un vehículo robado que finalmente nunca fue encontrado, pero que en el cateo se encontraron estupefacientes y más de 2 millones de pesos, además de que se arrestó a 26 personas.

En su explicación, dijo que las autoridades locales dieron la autorización de una orden de cateo, cuando las fuerzas federales ya habían entrado al domicilio de la comunidad de San Isidro Elguera, Celaya, en cuyo interior estaban la madre, una hermana, una prima y dos colaboradores del Marro a quienes tuvieron sometidas la Sedena.

La FGE entregó la orden de cateo, abundó Zamarripa, hasta las 20 horas cuando ya se había cometido el allanamiento y sometimiento de los familiares, situación que fue la que presentó la defensa y con ello obtuvo la liberación de las cinco personas.

Al iniciar la reunión, el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, recordó que la comparecencia tuvo como objetivo informar, despejar y aclarar dudas sobre la situación y gestión actual de la Fiscalía.

En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta, Paulo Bañuelos Rosales, María Magdalena Rosales Cruz, José Huerta Aboytes, Laura Cristina Márquez Alcalá, Israel Cabrera Barrón, Isidoro Bazaldúa Lugo, Emma Tovar Tapia y Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Las y los diputados cuestionaron sobre el ataque suscitado en un anexo en la ciudad de Irapuato, cuáles habían sido los resultados y si en algún momento habían considerado trasladar alguna investigación a la Federación; qué había pasado en el operativo del pasado 20 de junio y por qué se accedió a realizar el apoyo si sabían de antemano que no se contaba con las órdenes de cateo por delitos de delincuencia organizada y qué hacía falta hacer desde el Congreso para que pudiera obtener mejores resultados en favor de la población; qué consideraba había hecho mal para que la inseguridad y la impunidad se encontraran a la alza, y si pensaba que uno de los factores que habían favorecido al incremento era la corrupción de grupos políticos en el estado o si identificaba colusión con los grupos criminales.

También indagaron respecto a si consideraba que los agentes del Ministerio Público que participan en la etapa de investigación inicial y durante el proceso se encontraban debidamente capacitados para resolver e investigar con asertividad y profesionalismo; qué medidas concretas se habían implementado para reducir el índice de impunidad; si tenían contemplado crear nuevas cedes del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guanajuato; a cuántas familias se había apoyado con el Fondo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito; la visión de la Fiscalía ante el incremento de la violencia homicida; su estrategia para abatir la impunidad en la investigación y sanción del delito de homicidio; entre otras.

El funcionario manifestó que se encontraban en investigación los hechos suscitados en Irapuato; que el revés en la resolución del 20 de junio no era el final de combate a un grupo delictivo y que la Fiscalía no cesaría en la colaboración con ninguna institución, porque lo que se intentaba es combatir la delincuencia y hacer prevalecer el Estado de Derecho; que era inexacto culpar a una sola institución de los resultados de la inseguridad y para ello se debía comprender que el concepto integral de seguridad pública está conformado por diferentes autoridades e iban desde la prevención hasta la reinserción; recordó que el tipo de sistema de procuración de justicia hacía que no todos los casos judicializados tuvieran una sentencia condenatoria sino que se solucionaban a través de medios alternativos.

Zamarripa indicó asimismo que, de cada 10 casos que se llevan a justicia alternativa en el país, tres eran de Guanajuato; dijo que 4 mil 939 personas que se vieron beneficiadas del fondo de atención para víctimas; y que la causa del incremento de la violencia homicida es la lucha entre dos cárteles por el control en la venta de droga y la extracción de hidrocarburo; entre otras cosas.

En una segunda ronda de preguntas participaron las diputadas y los diputados Ernesto Prieto Gallardo, Lorena del Carmen Alfaro García, Alejandra Gutiérrez Campos, J. Jesús Oviedo Herrera, Katya Cristina Soto Escamilla, Vanessa Sánchez Cordero, Raúl Márquez Albo, J. Guadalupe Vera Hernández, Armando Rangel Hernández, Juan Elías Chávez

Las legisladoras y los legisladores realizaron preguntas sobre la atención que se les brinda a las familias de las víctimas de los atentados en los anexos en el municipio de Irapuato, si han solicitado medidas de protección para resguardar su seguridad; si el personal de la Fiscalía ha sido capacitado para atender a las familias de personas desaparecidas y el número de personas atendidas; cuántas agrupaciones delictivas tienen identificadas en la entidad, cómo las han combatido, los resultados obtenidos y el número de personas detenidas; así como los beneficios que obtiene la ciudadanía con los reconocimientos que ha recibido la Fiscalía y los mayores retos que enfrentan para abatir la impunidad y disminuir los delitos. Respecto a los feminicidios, cuestionaron cuáles son las acciones que se han tomado para resolver dichos delitos y cuántos se han prevenido.

De igual forma, preguntaron sobre el trabajo que se dejó de hacer para que Guanajuato viva en la situación actual de inseguridad, cuántas detenciones han terminado en una sentencia condenatoria o han utilizado mecanismos alternativos y cuántas personas responsables del delito no son condenadas o no reparan el daño; así como el número de carpetas de investigación se han abierto por los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y si es suficiente el combate a la corrupción que se ha realizado en todos los ámbitos.

Además, formularon preguntas sobre el diseño, la implementación y evaluación del programa de procuración de justicia; el número de detenidos por portar armas de fuego de uso exclusivo del ejército, cuántos se han puesto a disposición de las autoridades y cuántos son puestos en libertad. También, cuestionaron la coordinación que existe con la federación en materia de inteligencia y si la Fiscalía cuenta con las herramientas tecnológicas para atender el tema de seguridad en el Estado.

Asimismo, pidieron saber cuántos líderes de grupos delincuenciales han sido detenidos por la Federación; si existe el recurso económico, humano y de infraestructura para el combate al tráfico de drogas, el cobro por derecho de piso y los delitos cibernéticos; las acciones que han implementado para disminuir la cifra negra de delitos y esclarecerlos, en qué consiste el Modelo de Investigación Criminal y cuáles son sus ventajas y beneficios; y en materia de persecución, qué estrategia han implementado para esclarecer los delitos.

Al dar respuesta, el Fiscal General señaló que se les han brindado los apoyos económicos a las familias de las personas que han sido víctimas del delito, en específico en el caso del ataque al anexo en Irapuato en días pasados, informó que se han atendido a 13 familias y se les han otorgado los apoyos solicitados en diferentes rubros. Asimismo, aseguró que se ha capacitado al personal que atiende a los familiares de personas desaparecidas.

De igual manera, detalló que en Guanajuato se tienen identificadas 4 organizaciones delictivas y precisó el número de detenidos por cada organización y el proceso que llevan a nivel estatal y federal, así como las armas, dinero y sustancias que se les han confiscado. También, habló sobre los reconocimientos que ha obtenido la Fiscalía y el trabajo que se ha realizado para el combate de la violencia que se ha suscitado en la entidad. También, hizo referencia a las acciones que se han implementado para fortalecer el trabajo de atención a los casos de feminicidio. Asimismo, detalló que se han sentenciado a mil 684 personas durante el año 2019, de las cuales mil 408 fueron a través de procedimientos abreviados y 276 por juicio oral.

El funcionario expuso el trabajo que se ha realizado para integrar las carpetas de investigación en materia de corrupción y el proceso a los detenidos por portar armas de fuego de uso exclusivo del ejército, así como el intercambio de información que se tiene con la federación para coordinar los esfuerzos en el combate a la delincuencia; los esfuerzos para el combate al tráfico de drogas y la extorsión. También, explicó el funcionamiento del Modelo de Investigación Criminal.

En una tercera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Juan Antonio Acosta Cano, Jaime Hernández Centeno, Germán Cervantes Vega, María de Jesús Eunices Reveles Conejo, Miguel Ángel Salim Alle y Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Los y las legisladoras preguntaron sobre las acciones que ha realizado la Fiscalía para abatir el fenómeno denominado “puerta giratoria” y si han detectado omisiones de otros operadores del sistema penal sobre el mismo; en qué consiste la iniciativa Mérida, qué tipos de vínculos que se tienen y cuáles serían sus beneficios para los guanajuatenses; si se han separado de sus cargos a funcionarios que no han acreditado el proceso de Control y Evaluación de Confianza; el avance de las recomendaciones que se emitieron sobre el caso de la Ciudad de los Niños en el municipio de Salamanca y si se ha detectado a algún elemento que no cumpla con su labor en la Fiscalía; cómo miden la mejora en los servicios que prestan a la ciudadanía para identificar las malas prácticas y erradicarlas, y cómo es la labor que realiza el área de investigación de delitos cibernéticos.

Por su parte, el Fiscal General refirió que se han realizado esfuerzos para integrar de manera adecuada las carpetas de investigación y evitar que los detenidos salgan por errores en las mismas; los beneficios de la implementación de programas, como lo es la iniciativa Mérida; los procesos de evaluación de los colaboradores de la Fiscalía; y cómo se realiza la evaluación a los servicios que presta la institución a su cargo.

Finalmente, el funcionario agradeció el espacio brindado para informar sobre las actividades que realiza la Fiscalía y destacó la importancia de cerrar filas para que prevalezca la solidez institucional y se fortalezca el bloque de los tres niveles de gobierno.

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