Un derroche de recursos más ofensivo no puede haber. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la Tercera Entrega e Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2018, último año al ejercicio de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

El órgano independiente detectó que dentro del presupuesto asignado a la Oficina de Presidencia de la República, en 2018 se le pagaba a 115 trabajadores aviadores, hubo falta de comprobación de gastos y la institución contaba con aviones y helicópteros que se encontraban sin ningún uso.

[read more=”Leer más” less=”Leer menos”]

En los documentos que fueron entregados por el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, se indicó que, al revisar 186 bienes de la Presidencia, se identificaron 38 que estaban sin uso, entre ellos, máquinas industriales de lavado, secado, aviones y helicópteros.

Además, la ASF apuntó que hubo falta de documentación comprobatoria de facturas y evidencia de la recepción de los bienes y servicios de 14 contratos celebrados para la adquisición de diversos bienes y servicios, como vestuario, alimentos, mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves, soporte técnico, gastos aduanales, entre otros.

Además, se encontró que a 115 personas que estaban registradas como trabajadoras de Presidencia no se les pudo acreditar su horario de labores ni algún reporte que evidenciara las funciones para las que fueron contratados por la dependencia y por las que recibieron remuneración.

La ASF informó que varios de esos empleados tenían trabajos con el mismo horario en instituciones privadas y públicas, “sin que se proporcionara su compatibilidad de empleos”.

“Por lo anterior, se puede concluir que, en general, no existe evidencia documental de que las 115 personas señaladas prestaron realmente sus servicios en la Presidencia”.

Además, la auditoría señaló que se pagaron 52 mil 130 litros de combustible que fueron suministrados a nueve vehículos que no se encontraron registrados en el inventario de bienes de la Presidencia ni como parte de los vehículos propiedad de otras dependencias que se pusieron a disposición del Estado Mayor Presidencial para atender algunas de sus actividades durante 2018.

También hubo falta de documentación en la comprobación de más de un millón de pesos en el uso y aplicación de 23 tarjetas electrónicas con chip y vales de papel para el servicio de suministro de combustible.

Durante la entrega que hizo Colmenares Páramo, y en presencia de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el presidente de la comisión Mario Alberto Rodríguez Carrillo aseguró que la Fiscalización Superior tiene por objeto comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos correspondiente a la Cuenta Pública.

Agregó que “debe verificar el grado de cumplimiento de las instituciones, las entidades federativas, de los poderes de la Unión y administración pública federal y los órganos autónomos, e impulsar una administración pública adecuada”.

Colmenares Páramo aseguró que en esta Tercera Entrega se proporcionan 872 informes individuales que en suma son mil 808 para la Cuenta Pública de 2018; refirió que se concretaron auditorías en tiempo real, además de integrar la fiscalización a universidades, municipios y congresos locales.

Los informes que se entregaron serán revisados por la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, pero ya son públicos y pueden ser consultados en el portal de la auditoría.

[/read]

Compartir