La totalidad del poder legislativo potosino utiliza una red de empresas fantasma para pagar productos y servicios inexistentes, así como para justificar sus gastos. Los 27 legisladores de los nueve partidos que integran ese congreso han participado del esquema mediante el que se han desviado al menos 43 millones de pesos, acusó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).La investigación, citada por medios nacionales, indica que esos fondos, presuntamente, serían utilizados en apoyos sociales, pero los supuestos beneficiarios denuncian que no recibieron tales apoyos y que les usurparon la identidad en la documentación que acredita la recepción de los mismos.[read more=”Leer más” less=”Leer menos”]Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad corroboró que 51 proveedores presuntamente fantasma han recibido pagos por al menos 33 millones 635 mil pesos del Congreso de San Luis Potosí, y en las operaciones están involucrados diputados locales del PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Nueva Alianza, Morena, Movimiento Ciudadano y del partido local Conciencia Popular, así como personal de la Auditoría Superior del Estado que, se supone, es el órgano que debería vigilar el correcto manejo de los recursos públicos.A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado, hasta ahora, supera los 43 millones de pesos.Ocho de esos legisladores aspiran a un nuevo cargo, incluidas una senaduría y diputaciones federales, el primero de julio, según la agencia de noticias Proceso (Apro).Los proveedores seleccionados por los diputados son consorcios empresariales inexistentes.“El caso aquí relatado es apenas un botón de muestra de una práctica generalizada en el Congreso de San Luis Potosí, en donde diputados de todos los partidos se han confabulado para saquear millones de pesos de recursos públicos con el uso de decenas de empresas fantasma y el robo de identidades o falsificación de firmas para simular donativos y obras”, aseguró MCCI.La madrugada del sábado 8 de octubre de 2016, el campesino José Santos Jiménez Guevara falleció en una humilde casa del ejido 20 de noviembre, en El Ébano, un municipio ubicado en la huasteca, en los límites de San Luis Potosí con el norte de Veracruz.Un cáncer de pulmón le causó la muerte, según testificó el médico Ernesto Ordaz, quien acudió a levantar el acta de defunción, ante la presencia de la viuda y dos hermanos.A los 45 días de haber fallecido, José Santos “revivió” o lo revivieron para transar a su nombre, documento MCCI.El 22 de noviembre de 2016 llegó al Congreso de San Luis Potosí una carta supuestamente firmada por el muerto en la que solicitaba el apoyo para la compra de despensas para los habitantes pobres de su pueblo, ubicado a 370 kilómetros al oriente de la capital potosina.El diputado del PAN Mariano Niño Martínez propuso apoyar la petición, y turnó la carta a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.A las dos semanas, el miércoles 7 de diciembre, los diputados Fernando Chávez Méndez, del PRI, y Enrique Alejandro Flores, del PAN, firmaron un oficio en el que autorizaron entregarle 400 despensas al difunto, para que él a su vez las distribuyera entre sus vecinos de la huasteca.El supuesto beneficiario agradeció en una carta la atención de los legisladores, informó MCCI.En la carta de agradecimiento se falsificó la firma de José Santos; fue elaborada el 19 de diciembre de 2016, cuando el ejidatario ya tenía 72 días de haber fallecido.En tanto, la empresa Joef Innovadores SA de CV, que supuestamente surtió las 400 despensas y por las que se gestionó un pago de 86 mil 499 pesos, también era inexistente.El domicilio aportado en la factura corresponde a una vivienda en la colonia Ricardo B. Anaya, de San Luis Potosí, cuyos ocupantes negaron que en ese sitio exista o haya existido una empresa, y también negaron dedicarse a la venta de despensas.(Foto: Tomada de Proceso)[/read]Compartir
