Una enérgica condena emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el homicidio de la activista guanajuatense María Guadalupe Hernández Flores, conocida como “Kleo”, y demandó a las autoridades de procuración de justicia de Guanajuato incluir en su investigación la línea relacionada con su labor de defensora de las garantías individuales.

La defensora de los derechos humanos fue asesinada de un tiro en la cabeza, confirmó la propia PGJE, según informó la agencia de noticias Proceso (Apro).

La CNDH solicitó además a las autoridades guanajuatenses, con las que mantiene comunicación permanente, investigaciones profesionales y a fondo, para dar con los responsables del crimen, presentarlos ante la justicia y que reciban el castigo que la ley establece.

Expresó sus condolencias a los familiares de la defensora de derechos humanos, y se solidarizó con los colectivos LGBTTTI de todo el país, especialmente con los de Guanajuato.

Refirió que Hernández Flores, quien se encontraba desaparecida desde el 11 de marzo, realizaba actividades de divulgación y defensa de los derechos humanos sobre cuestiones de género y comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI ).

En un comunicado, recordó que la activista fue hallada sin vida en un predio del municipio de Coroneo, Guanajuato.

Indicó que el contexto actual en que se desenvuelven las personas defensoras las hace especialmente vulnerables, por lo que ha buscado fortalecer sistemáticamente su relación con ellas y sus organizaciones mediante acciones que incidan de manera positiva en el respeto de las garantías fundamentales de esos grupos.

Mencionó que emitió la Recomendación General 25 Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, en la cual se analizan los diversos obstáculos que enfrentan como consecuencia de su labor.

Además, apuntó, recomendó no estigmatizar el trabajo que realizan, atender de manera pronta y eficaz las medidas cautelares que dicten los organismos públicos de derechos humanos y capacitar a los servidores públicos que tengan contacto con dichas personas.

La PGJE reconoció que la activista fue asesinada de un disparo en la cabeza y que ya cuenta con líneas de investigación sobre el homicidio, pero no dio detalles, citó la agencia Proceso.

La activista por los derechos humanos y de género, originaria de Parácuaro, Michoacán, había sido vista por última vez el 11 de marzo cuando salía de viaje en autobús y estaba reportada como desaparecida, según han denunciado varias organizaciones y activistas.

Su cuerpo fue localizado el 21 de marzo, semienterrado en un predio de la comunidad Arroyo del Durazno en Coroneo, en estado de descomposición.

Esta comunidad se encuentra en los límites con Michoacán. Por ahí pasaron algunas personas con un perro, mismo que descubrió los restos, añadió la información de Proceso.

El cadáver de la activista de 37 años de edad permaneció en el Servicio Médico Forense hasta el 24 de marzo, cuando fue identificada.

La Procuraduría informó a Apro que el resultado de la autopsia determinó que falleció por heridas producidas por arma de fuego en el cráneo, lo que quedó consignado en la carpeta de investigación 29481/2018-3.

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