(Fotografía:Especial)

Redacción: Salvador Moreno

La persecución penal contra las redes de falsificación de bebidas alcohólicas se intensifica en la entidad mediante una alianza estratégica entre el sector público y el organismo regulador de la industria del agave. Tras los efectos nocivos registrados en el municipio de Salamanca, la Fiscalía General del Estado y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) unieron capacidades técnicas para localizar a los distribuidores de tequila adulterado. La investigación penal se concentra en perfiles de plataformas digitales que comercializan el producto a una fracción de su valor real de mercado.

La coordinación institucional para erradicar el mercado negro de bebidas espirituales e insumos apócrifos adquiere un carácter de urgencia judicial en la entidad. Con el propósito firme de desmantelar las células comerciales operadas por distribuidores de tequila adulterado, la Fiscalía General del Estado formalizó una alianza operativa con el Consejo Regulador del Tequila. Ambas instancias anunciaron la creación inmediata de una mesa permanente de trabajo orientada a acelerar el flujo de información técnica y legal.

Esta reacción jurídica e institucional sobreviene luego de las investigaciones periodísticas de MILENIO que documentaron la adquisición de botellas nocivas a través de redes sociales por un costo de apenas 100 pesos por unidad. Dicho consumo derivó en el fallecimiento de cinco personas y la intoxicación clínica de otros 28 ciudadanos durante una celebración familiar en Salamanca. El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, sostuvo una reunión extraordinaria con los directivos jurídicos del organismo regulador para fijar las líneas de acción pericial.

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Mesa de trabajo permanente e intercambio de información pericial científica

El núcleo de la estrategia conjunta radica en fusionar el poder de investigación del Ministerio Público con la experiencia científica de laboratorio que posee el sector tequilero organizado. El coordinador de Asuntos Jurídicos del CRT, Ricardo Soto Manzanares, y el comisionado técnico del organismo, Martín Muñoz Sánchez, pusieron a disposición de la autoridad ministerial sus herramientas de cromatografía y peritaje químico. Esto permitirá analizar con precisión milimétrica los componentes de los lotes que sean asegurados en los próximos operativos.

La Mesa Permanente de Trabajo sesionará de forma regular para desahogar las diligencias y cruzar las pistas recolectadas en el lugar de los hechos, la comunidad de Puente de Valle. La Fiscalía busca rastrear el origen exacto de las materias primas empleadas por los distribuidores de tequila adulterado, abarcando desde las destilerías clandestinas hasta los talleres de etiquetado apócrifo. La suma de capacidades busca dotar a los expedientes judiciales de pruebas científicas contundentes e irrefutables ante los jueces.

Rastreo de perfiles comerciales en Facebook y la anomalía del precio de mercado

Las indagatorias de campo confirmaron que el canal principal utilizado por los distribuidores de tequila adulterado fue la plataforma digital Facebook, donde se ofertaba la mercancía bajo esquemas de mayoreo. Los organizadores de la fiesta de XV años adquirieron el producto a un precio que oscilaba entre los 100 y los 190 pesos por botella. Esta tarifa representa una anomalía comercial evidente, al ubicarse a menos del 50% del valor real de una botella auténtica en el mercado formal, cuyo costo oscila entre los 400 y 450 pesos.

Las autoridades ministeriales hicieron un llamado a la conciencia ciudadana, enfatizando que un precio drásticamente bajo constituye el primer indicador de riesgo sanitario e ilegalidad. Los grupos especializados en delitos cibernéticos de la Fiscalía rastrean las cuentas monetarias y los números telefónicos vinculados a los anuncios digitales para identificar a los operadores de los perfiles falsos. El objetivo es cortar de tajo la cadena de distribución digital antes de que se distribuyan nuevos cargamentos nocivos.

Deslinde de responsabilidades y la política estatal de mano dura

El gobierno del estado y las instituciones de procuración de justicia reiteraron que el caso se aborda bajo una premisa estricta de “cero tolerancia” hacia quienes atenten contra la vida pública. El fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste puntualizó que las diligencias no se detendrán hasta fincar responsabilidades penales definitivas por delitos que podrían tipificarse como homicidio y fraude comercial. La investigación incluye a toda la cadena: desde los fabricantes y los distribuidores de tequila adulterado hasta quienes facilitaron la venta ilegal.

Por su parte, los representantes del Consejo Regulador del Tequila manifestaron que estas acciones coordinadas protegen además la reputación internacional de la denominación de origen mexicana. La venta de productos falsificados de bajo costo lesiona la economía formal, destruye empleos legítimos y pone en riesgo la salud de la población expuesta. El despliegue preventivo estatal continuará ejecutando inspecciones en establecimientos comerciales y bodegas de almacenamiento de la región del Bajío.

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