Guanajuato es el estado con menor índice de impunidad en el país y es el segundo mejor en la consolidación del sistema de justicia penal en el país.

Lo anterior quedó demostrado en el estudio “Hallazgos 2018” de la organización México Evalúa, el cual encontró que hasta 96.1 por ciento de los delitos a nivel nacional quedan impunes.

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En su reporte, México Evalúa advirtió que existe en el país una “clara falta de transparencia” en la toma de decisiones de las autoridades a lo largo de los procesos penales, lo que explica los elevados niveles de impunidad.

El estudio fue presentado en la capital del país por Edna Jaime, directora general de México Evalúa, quien estuvo acompañada de Paulina Téllez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación; Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural en la UNAM y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Para 2018, el Índice de impunidad federal, es decir, la proporción de casos que son conocidos, pero no son satisfactoriamente resueltos por la FGR y el Poder Judicial Federal, es de 94.6 por ciento”, concluyó el estudio.

No obstante, resaltó que, en el Índice de impunidad estatal, las entidades con los menores niveles de son Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California. El promedio nacional es de 96.1 por ciento.

El estudio mostró que Guanajuato tiene el primer sitio gracias a que el mayor número de casos concluidos fue por “acuerdos reparatorios” en sede ministerial, con 85.7 por ciento.

Asimismo, México Evalúa destacó que una de las señales positivas en el estudio fue precisamente en el avance de las capacidades de investigación criminal como en Guanajuato.

Indicó que la entidad ha apostado por la coordinación y comunicación interinstitucional para mejorar resultados. Destacó que Querétaro y Chihuahua también ha seguido la misma ruta.

Además, encontró que en el índice de confianza en el sistema de justicia penal en el periodo 2010 al 2017, Guanajuato ocupó el tercer lugar, seguido de Yucatán y Zacatecas.

México Evalúa indicó en su estudio que existe un enorme rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, con excepción de los estados de Querétaro y Guanajuato.

“En 2018, se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, pues ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo. Querétaro fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguido de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Yucatán y Nuevo León. Por otro lado, los estados peor evaluados en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo”, señala el reporte.

En su análisis, México Evalúa subrayó que es necesario atender brechas para la consolidación de la reforma constitucional en materia penal, toda vez que a 11 años de operación y ante un proceso de contrarreforma, existen peligros de un serio retroceso.

De hecho, la organización dijo que las modificaciones a las leyes, tanto las ya realizadas como las anunciadas, atentan contra los principios del sistema, además de que agudizarían la corrupción en el acceso a la justicia.

México Evalúa observó que las reformas hechas al Artículo 19 tales como la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa son “incompatibles con el propio sistema de justicia acusatorio”, y advirtió que, de ser aprobadas las nuevas iniciativas de reforma presentadas en el Congreso, podrían profundizar “la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema” y, por tanto, abrir la puerta a más corrupción.

Para defender su argumento, Edna Jaime indicó que el estudio Hallazgos 2018 “se enfocó en evidenciar una clara falta de transparencia en la toma de decisiones de las autoridades a lo largo del proceso penal. Por ejemplo -dijo- durante 2018, pasamos de 2,085,842 investigaciones iniciadas (100%) a 81,080 asuntos vinculados (3.9%) sin criterios y lineamientos definidos para conocer la manera en las autoridades están decidiendo”.

Añadió que “los esfuerzos de evaluación y seguimiento de la operación de la justicia en México deben persistir, pues antes de seguir promoviendo cambios legislativos se deberían instrumentar los ajustes necesarios a través de políticas públicas sustentadas en información integral y confiable”.

“Debemos darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras. Hacemos un llamado a defender la reforma penal y atender los temas pendientes; estamos convencidos de que no debemos renunciar a un modelo prometedor sin antes haber garantizado que contó con recursos necesarios para operar de forma adecuada”, aseguró a su vez María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa.

El estudio puede ser consultado en este link:
https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2019/08/Hallazgos2018.pdf

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