Guanajuato es uno de los pocos estados del país que cuentan con una Fiscalía contra la Tortura.

En total, son solo 10 las entidades que cuentan con esta figura contemplada en la ley, según un recuento del El Universal.

[read more=”Leer más” less=”Leer menos”]

El diario retoma el caso de una mujer que sufrió violación anal multitudinaria y descargas eléctricas dentro de la vagina. La voz de Magdalena Saavedra, dice la información de El Universal, se rompe al verbalizar las torturas que padeció a manos de un grupo de marinos entre el 10 y el 11 de mayo de 2013.

¿Su objetivo? Inculparla de ser operadora financiera del Cártel del Golfo. La potosina de 52 años se quebró cuando la amenazaron con que, si no firmaba lo que le pusieran enfrente, la siguiente sería su hija, recuerda la nota de El Universal.

Magdalena fue víctima de una supuesta “técnica de investigación” que en México es pandemia: casi la mitad de los presos mexicanos asegura haber sufrido tortura.

Para combatirla se promulgó —hace ya más de dos años y medio, el 26 de junio de 2017— una nueva legislación. De acuerdo con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, ésta contaba con las “mejores prácticas internacionales para combatirla”.

Una de ellas era la creación —en un máximo de 90 días— de una fiscalía especial con “plena autonomía técnica y operativa” en cada estado, pero 30 meses después, sólo 10 de las 32 entidades han cumplido con la ley, dice la información de El Universal.

De acuerdo con solicitudes de transparencia, sólo Baja California, Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Zacatecas han creado las fiscalías especializadas contra ese delito. En otras 10 entidades hay unidades especializadas con dependencia jerárquica y en las 12 restantes no hay ninguna institución de ese tipo.

Tras cinco años encarcelada, Magdalena logró una sentencia absolutoria en noviembre de 2018, en la que se resaltaba lo inverosímil de las pruebas aportadas por los elementos aprehensores. Desde entonces, la mujer tiene disociaciones y no puede trabajar.

Aunque logró que pusieran una denuncia en su nombre ante la otrora Procuraduría General de la República (PGR) en octubre de 2013, asegura que su caso no ha avanzado casi nada en estos seis años: “Esa gente malvada… Los que me hicieron esto ya deberían estar encerrados. Yo ya debería tener un pago del daño. Saber que esa gente está inmune me genera una frustración y un coraje enorme, pero no pienso quitar el dedo del renglón”, dijo la víctima.

“En México, mucha de la tortura la cometen los ministerios públicos en las fiscalías”, explica Natalia Pérez Cordero, investigadora de Derechos Humanos en la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

(Foto y gráfica: LuluMontes1 y El Universal)

[/read]

Compartir