La detención de abogado Juan Collado puede destapar un escándalo aún mayor. El diario Reforma citó la denuncia de un empresario inmobiliario que hoy tiene en la cárcel al poderoso penalista que acusa que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

La caja Libertad Servicios Financieros es sospechosa de lavado de dinero, según la acusación formulada por la Fiscalía General de la República (FGR).

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Reforma dice que, en una comparecencia ante la FGR el pasado 10 de junio, el empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, acusó que la Caja Libertad financió con más de 100 millones de pesos la campaña del gobernador queretano.

Bustamante es quien denunció haber sido timado por Collado en una operación relacionada con la compra de un inmueble de 156 millones de pesos en donde se construyó un edificio de seis pisos de oficinas y seis de estacionamiento, en la Zona Comercial Centro Sur de la capital del estado de Querétaro.

“Quisiera mencionar que el señor José Antonio Rico Rico (su ex socio en la inmobiliaria y ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad), en una ríspida plática que tuvimos, recién descubrí el fraude que me había cometido, repito, el señor Rico me comentó textualmente ‘tu pinche parte del edificio y otros dineros” (refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio) se los dimos a Pancho Domínguez para su campaña’, se refería al que en ese momento era el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, mismo que gracias entre otros al impulso económico financiero ilegal de estos personajes, resulta electo como Gobernador”, declaró Bustamante.

“Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que (textual) no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de Rico Rico y Collado estaba gente muy pesada que, en realidad eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, Mauricio Kuri (líder de la bancada panista en el Senado), sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros”, dice la denuncia del empresario citada por Reforma.

El denunciante afirma que Jesús Beltrán González, cuando fungía como director general de Libertad Servicios Financieros, le corroboró que los verdaderos dueños de la sociedad financiera popular eran los políticos y el casinero Rodríguez Borgio.

“Esta persona (Beltrán), como lo mencioné en alguna parte de mi denuncia de viva voz me comentó (en ese entonces me unía una amistad con él) que, él había elaborado los contratos privados que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas en Libertad Servicios Financieros, me mencionó a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién, José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, Javier Rodríguez Borgio”, reiteró el denunciante, añadió la información de Reforma firmad por el reportero Abel Barajas.

“No cuento con número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de Jesús Beltrán González, quien fue la persona que elaboró los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, S.A. DE C.V. S.F.P., mencionándome éste que, él guarda copia de los contratos que mencionó para su protección”, añade la denuncia.

Tras su detención el martes por la tarde, la mañana de este miércoles un juez federal vinculó a proceso a Juan Collado e instó a la FGR a cerrar la investigación contra el abogado en un periodo de seis meses.

Esto por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, tras ser señalado como autor material de la venta de un inmueble de alrededor de 3 mil 700 metros cuadrados en Querétaro.

Tras más de 11 horas de audiencia en el Centro Penal Federal del Reclusorio Norte, señala información de Reforma, el juez escuchó a ambas partes y decretó varios recesos ante los problemas de salud presentados por Collado, derivados de hipertensión y diabetes.

Collado habría ganado 24 millones de pesos con la operación del inmueble que en total ascendió a una transacción de 156 millones de pesos.

La FGR presentó cinco testimonios del empresario Sergio Hugo Bustamante, quien reclama el predio que supuestamente se vendió mediante simulación de asambleas en la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, firma que vendió el terreno a Libertad y Servicios Financieros, donde Collado fue presidente del Consejo de Administración.

La transacción se reportó entre 2013 y 2015.

La defensa reclamó que las acusaciones hayan derivado de un sólo testigo que no presentó datos de prueba contundentes y que utilizó documentos de otra investigación abierta en Querétaro contra Collado.

(Foto: Tomada de Excélsior)

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