El ex presidente Enrique Peña Nieto fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser el “autor mediato” de delitos de cohecho y traición a la patria por el caso Odebrecht.

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, basada en la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray -que fue devuelta-, la FGR considera que Peña Nieto cometió los ilícitos utilizando como “instrumento” a Videgaray Caso y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.

Peña Nieto ocupó el máximo cargo público del país entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018.

En la acusación se indica que “Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito ·lectoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”, dice la denuncia obtenida por el reportero de Reforma, Abel Barajas.

“Él […] contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de coptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, se lee en el documento.

CARGO PARA DELINQUIR

Para la FGR, el ex mandatario priista “se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo, con el fin de delinquir”.

“Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo”, señaló el órgano a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Según las consideraciones de la FGR, el delito de cohecho se realizó cuando, por órdenes de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso -quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como secretario de Hacienda- distribuyó, a través de “interpósitas personas”, 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle Maury y al priista David Penchyna, así como al entonces dirigente del PAN y posterior candidato presidencial Ricardo Anaya.

Esas entregas de dinero eran, presuntamente, para obtener el voto de los legisladores en favor de la Reforma Energética, aprobada a finales de 2013.

En tanto, el señalamiento por traición a la patria se da porque, argumenta la FGR, con el impulso de las llamadas “reformas estructurales” se benefició a empresas extranjeras como Odebrecht, a costa de los recursos naturales del país -que son propiedad de la Nación-, pues éstas podrían aprovecharlos y explotarlos.

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