En un momento de máxima tensión regional, el Gobierno de México ha confirmado que llevará su voz al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La misión tiene un objetivo claro: manifestar una postura firme respecto a la creciente presión ejercida por la administración de Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Esta decisión surge tras una serie de acciones por parte de Washington, incluyendo el despliegue militar en el Caribe y la incautación de buques petroleros, lo que ha encendido las alarmas en el hemisferio por el riesgo de una escalada armada. La presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina de este martes 23 de diciembre, evitó entrar en confrontaciones directas con su homólogo estadounidense, pero fue enfática en la necesidad de que los organismos internacionales tomen un rol activo. La mandataria delegó en el embajador de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, la responsabilidad de defender los principios constitucionales de la política exterior mexicana no intervención y solución pacífica de controversias en la reunión de urgencia solicitada por Caracas. El retorno a la Doctrina Estrada y el llamado al multilateralismo La estrategia de México no se limita a la retórica; busca reactivar su papel histórico como mediador. Sheinbaum ha instado a la ONU a “asumir su papel” para evitar un posible “derramamiento de sangre”, criticando de forma velada la pasividad que, a su juicio, ha mostrado la organización ante el cerco naval en aguas internacionales. Esta postura se alinea con la tradicional Doctrina Estrada, que prioriza el respeto a la soberanía de las naciones y rechaza que países extranjeros juzguen la legitimidad de otros gobiernos. Para México, la prioridad es que la crisis no se resuelva mediante la fuerza. Por ello, el país se ha ofrecido formalmente como sede para un posible diálogo diplomático entre Washington y Caracas. Esta oferta de mediación no es aislada, ya que cuenta con el respaldo de otros líderes regionales, como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también ha expresado su preocupación por el impacto humanitario y económico que un conflicto de gran escala tendría en toda América Latina. Un escenario de tensión militar y riesgos regionales La urgencia del pronunciamiento mexicano responde a hechos concretos en el Caribe. En los últimos meses, fuerzas estadounidenses han ejecutado operaciones que han resultado en la muerte de personas en pequeñas embarcaciones bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, además de la reciente retención de un segundo buque petrolero venezolano. Nicolás Maduro ha calificado estas acciones como “piratería” y “agresiones de extrema gravedad”, alertando que el sistema internacional está en riesgo si no se frenan las ejecuciones extrajudiciales y el bloqueo total a la economía de su país. Mientras México y Brasil apuestan por la vía diplomática, otros actores de la región, como el presidente argentino Javier Milei, han saludado la presión de Trump como un mecanismo necesario. Este contraste subraya la profunda división en el continente, colocando a México en una posición crítica: debe equilibrar su compleja relación comercial y política con Estados Unidos marcada también por las amenazas de aranceles de Trump con su compromiso histórico de defensa del derecho internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Compartir Navegación de entradas The New York Times destaca a Omar García Harfuch y la estrategia de seguridad del Gobierno de México Impuesto a videojuegos en México: Sheinbaum aclara postura