🔊 Escuchar esto Los 19 mil Servidores de la nación, quienes levantaron los censos para entregar los apoyos económicos de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, trabajan desde hace más de un año sin que su creación y salarios tengan sustento jurídico.Lo anterior se deriva de una investigación periodística del diario El Universal, la cual, al hacer una revisión de los reglamentos de la Secretaría de Bienestar y de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, así como a los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el Bienestar, constató que no existe un fundamento para crear la figura de los servidores.[read more=”Leer más” less=”Leer menos”] 🔊 Nota completa Lo que hay es la autorización que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que los recursos, de los que Bienestar puede hacer uso para contratar personal por honorarios, se utilicen para ese fin, pero jerárquicamente los servidores forman parte de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, que depende de Presidencia, añadió El Universal.El mismo rotativo buscó la postura de Gabriel García, coordinador nacional de los programas para el desarrollo, pero no se obtuvo respuesta. En la Secretaría de Bienestar se limitaron a remitir las declaraciones que su titular, María Luisa Albores, ha hecho en otras ocasiones aclarando su posición.El Universal recordó la comparecencia de la funcionaria federal ante la Cámara de Diputados, el pasado 22 de octubre, donde explicó que el sustento legal de la creación de los servidores se encontraba en el reglamento interno de la dependencia y en la autorización de la SHCP.Apenas la semana pasada, ex Servidores de la Nación de Guanajuato denunciaron al súper delegado y al subdelegado de despidos injustificados y de incumplimientos de pagos, además de que acusaron que los presionaron para promover la imagen de Mauricio Hernández y Ricardo Gómez, respectivamente.PERDIDOSEn respuesta a una solicitud de información a la Secretaría de Bienestar, la dependencia resolvió que el sustento legal de los servidores está estipulado en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social —aún vigente pese al cambio de nombre de la secretaría—, en las fracciones XII bis y XIV, según documentó El Universal.Este sólo estipula que la secretaría puede “proponer el ingreso, promoción, licencia y la terminación de la relación laboral del personal adscrito a unidades administrativas, y la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios”.En los lineamientos de actuación de los delegados estatales para el Bienestar, publicado el 18 de julio de este año en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se introdujo el concepto de “personal de campo”, como los auxiliares de los súper delegados, pero no establecen las tareas que desempeñarán ni el sueldo que recibirán, añadió El Universal.INICIOS SIN BLINDAJELos servidores de la nación iniciaron sus funciones de manera extraoficial en el periodo de transición de gobierno, que tuvo lugar entre julio y diciembre de 2018. Luego continuaron trabajando sin el sustento legal requerido para cualquier creación de plaza y utilización de recursos, incluso después de iniciada la actual administración federal.Hasta julio de este año, los 19 mil servidores (en abril eran 17 mil) comenzaron a cobrar 10 mil 217 pesos brutos mensuales (cerca de 9 mil pesos libres de impuestos), según el portal Nómina Transparente del gobierno, el cual habilitó la Secretaría de la Función Pública (SFP).En el contrato que firman los servidores, del cual propio El Universal tuvo una copia, se especifica que es de carácter mensual. Además, de la parte contratante sólo firma Teresa Reyes Sahagún, en su calidad de coordinadora de delegaciones de la Secretaría de Bienestar. En la cláusula 14 del documento se señala que “la dependencia no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral a favor del ‘prestador’ de servicios, en virtud de no ser aplicables” la Ley Federal del Trabajo y la de Trabajadores al Servicio del Estado.LAS IRREGULARIDADESLa información de El Universal indica que, por la difícil estructura de su creación, ya que no se hizo una plaza específica para el cargo, diputados y expertos coincidieron en que el gobierno mantiene una irregularidad en el tema y que no les garantiza protección a los servidores, pese a la labor que realizan en favor de uno de los principales objetivos de la administración federal: llevar los programas sociales a la gente más necesitada.Contactado por El Universal, Alfonso Bouzas, especialista en derecho laboral por la UNAM, afirmó que no sólo el gobierno incurre en la ilegalidad por contratar en ese régimen a personal que maneja recursos públicos, sino que además incumple en sus derechos laborales, al no ofrecerles prestaciones ni antigüedad.(Foto: Tomada de El Imparcial)[/read]Compartir
