Un juez federal suspendió este viernes, por tiempo indefinido, la reforma legal que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, concedió las primeras dos suspensiones definitivas que paralizan los efectos y consecuencias de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las suspensiones tienen efectos generales y estarán vigentes durante todo el tiempo que tome el trámite de los juicios de amparo, en los que el Poder Judicial resolverá si la reforma es Constitucional, consignó el diario Reforma.

“Debe precisarse que los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por dos empresas que realizan actividades reguladas en el sector eléctrico, debe tener efectos generales”, dice el fallo, citado por Reforma.

Explica que, “de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo de dicho sector”, explicó el juez.

10 DÍAS PARA IMPUGNAR

El Ejecutivo y el Congreso tienen diez días para impugnar las suspensiones definitivas ante un tribunal colegiado de circuito, que tomará varias semanas para resolver, añadió la información del diario Reforma.

Estos recursos podrían ser atraídos por la Suprema Corte de Justicia, si considera que son de relevancia jurídica excepcional.

Para que estos mercados operen bajo una dinámica de competencia en beneficio de las empresas y consumidores finales, es indispensable la concurrencia de diversos participantes”, precisó.

INELUDIBLES COMPROMISOS INTERNACIONALES

En materia ambiental, el juez detalló los muchos compromisos y tratados internacionales asumidos por México, entre ellos, el de generar 43 por ciento de su energía de fuentes renovables para 2030.

Si las normas reclamadas fomentan la operación de centrales convencionales y desplazan a las fuentes de energías limpias, es posible concluir, preliminarmente, que la ejecución de dichas disposiciones podría llegar a afectar el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos internacionales”, afirmó.

(Foto: Tomada del diario Reforma)

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