Este viernes 16 de enero de 2026, México inicia una nueva etapa en salud pública. La reforma a la Ley General de Salud ya es oficial. Esta normativa establece la prohibición de vapeadores en México de forma total. El decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tras meses de debate. La medida veta la venta de dispositivos con nicotina. También incluye sistemas electrónicos sin nicotina y tabaco calentado. El Gobierno Federal busca proteger a los menores de edad. Con la prohibición de vapeadores en México, no se permite producir ni publicitar estos artículos. La Cofepris vigilará que no existan permisos vigentes para su comercio. Sanciones severas: Hasta 8 años de prisión La nueva ley impone castigos penales muy estrictos. Quienes ignoren la prohibición de vapeadores en México enfrentarán juicios graves. La ley dicta penas de uno a ocho años de prisión por comercializar estos equipos. Esto aplica para fabricantes, distribuidores y vendedores finales. Además de la cárcel, existen multas económicas elevadas. Estas varían entre 100 y 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA). El monto máximo puede alcanzar los 226,280 pesos. La prohibición de vapeadores en México busca eliminar el mercado formal por completo. La vigilancia incluirá operativos en aduanas y comercios locales. El impacto en el mercado y la salud pública Con la entrada en vigor de la prohibición de vapeadores en México, las instituciones de seguridad pública podrán auxiliar a las autoridades sanitarias en operativos de decomiso. El gobierno argumenta que estos dispositivos contienen metales pesados y compuestos químicos que causan daños pulmonares irreversibles. Por ello, la prohibición de vapeadores en México se presenta como una medida urgente para frenar lo que consideran una “epidemia silenciosa” entre la juventud mexicana. Expertos señalan que este marco legal busca evitar que el país se convierta en un mercado abierto para sustancias de dudosa procedencia. Sin embargo, el reto principal tras la prohibición de vapeadores en México será el combate al mercado negro. Las autoridades estatales tendrán un plazo de un año para armonizar sus leyes locales y garantizar que la vigilancia se extienda a cada rincón del país, desde grandes establecimientos hasta el comercio informal en las calles. Compartir Navegación de entradas María Corina entrega su Nobel de la Paz a Trump Guanajuato se va a Madrid. ¡De paseo a la FITUR!
