El revés de la ley de plataformas en México: Repartidores reportan desplome de hasta el 56% en sus ingresos

Lo que inició como una promesa de justicia social para más de un millón de trabajadores de aplicaciones en México parece estar transformándose en un desafío financiero insostenible. A pocos días de que concluya el programa piloto derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, los colectivos de repartidores han alzado la voz para denunciar que, lejos de mejorar su calidad de vida, la implementación normativa ha provocado una drástica caída en sus percepciones económicas y barreras para acceder a la seguridad social.

Impacto financiero y barreras en la seguridad social

Según datos de representantes de colectivos como Repartidores Unidos de México, el impacto en los bolsillos varía según el medio de transporte, pero la tendencia es alarmantemente descendente. Los repartidores en bicicleta reportan pérdidas de entre el 25% y 30%, mientras que aquellos que utilizan motocicleta han visto una reducción del 45%. El sector más afectado es el de los conductores de automóviles, quienes registran un desplome de hasta el 56% en sus ingresos netos.

Esta disminución se atribuye a una combinación de factores: una baja en la demanda de servicios desde que inició el programa piloto en julio de 2024 y la estructura de costos que las plataformas han ajustado ante las nuevas obligaciones. Además, aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró a más de un millón de trabajadores, la realidad operativa es distinta. Solo cerca del 10% al 13% de los inscritos han logrado cumplir con los requisitos para acceder efectivamente a los cinco seguros de ley (enfermedad, invalidez, retiro, guarderías y riesgos de trabajo), debido a los umbrales de ingresos mínimos exigidos que son difíciles de alcanzar bajo el esquema actual.

Un futuro incierto ante el incremento del salario mínimo

La preocupación del sector no termina con el cierre del año. Con la llegada de 2026, los líderes sindicales y representantes de aplicaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), advierten que el incremento previsto al salario mínimo podría complicar aún más el panorama. Al elevarse el piso salarial legal, el umbral de ingresos necesarios para que un repartidor sea considerado “apto” para la seguridad social total será más alto, lo que podría excluir a una cantidad mayor de trabajadores que laboran jornadas parciales o en zonas de baja demanda.

A este escenario se suma la tensión con las empresas tecnológicas (Uber, Didi, Rappi), que han argumentado que la rigidez del modelo de subordinación propuesto por el gobierno afecta la flexibilidad, un pilar que, según las plataformas, es lo que atrae a la mayoría de sus colaboradores. Mientras el programa piloto llega a su fin, la comunidad de repartidores exige una revisión de los mecanismos de contribución para evitar que el costo de los derechos laborales termine siendo pagado íntegramente por el trabajador a través de la pérdida de su sustento diario.