Un presunto desvío de recursos públicos fue denunciado por padres de familia de la región noreste de Guanajuato.

De acuerdo con información del diario Correo, padres del municipio de Victoria, denunciaron que fueron presionados por la subdelegada de la Secretaría del Bienestar en la región noreste, Ma. Arisbeth García Monjarás, para obligarlos a entregarle 150 mil pesos de los recursos asignados al programa “La Escuela es Nuestra”, en abierta violación a las reglas de operación de la Secretaría de Educación federal.

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Integrantes del Comité de Padres de Familia del preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, situado en la comunidad de Cañada de Higueras, dijeron al mencionado diario que la funcionaria del partido Morena los presionó para hacer que le regresen el dinero que el Gobierno Federal entrega para la ejecución de obras y mejoras en los planteles escolares.

Correo, citando a los padres de familia, dice que esta situación se ha repetido en por lo menos otras seis escuelas del municipio de Victoria, en los poblados de Las Chivas, San Agustín, Romerillos, Milpillas del Pito, además de Cañada de Higueras.

En charla con el reportero de Correo, Enrique Pérez, la integrante del Comité de Padres de Familia, Maricela Alvarado Jiménez, relató que a la última reunión de padres de familia arribó la subdelegada Arisbeth García, quien les preguntó que cuál era la prioridad en la escuela ya que al día siguiente debían retirar el dinero para entregárselo al contratista en San Luis de la Paz, por lo deberían estar en el banco para hacer la entrega del dinero.

A los mismos padres de familia, añadió la información, les causó extrañeza, ya que al inicio del programa se les dijo que ellos serían quienes iban a decidir en qué se iba a invertir el dinero –quieren destinarlo a la construcción de baños, tachos y bardas–, sin necesidad de redirigirlo a la subdelegada.

María Fernanda Salinas Rocha, otra madre de familia citada por Correo, coincidió en que a todos les desconcertó la situación, pues nunca se les explicó que así funcionaría el programa, pero en la reunión que sostuvieron con la subdelegada Arisbeth García, esta les comentó que las reglas de operación habían cambiado, aunque nunca les mostró un oficio o documento que así lo avalara.

Las integrantes del comité reiteraron que la funcionaria sólo las presionó para que cumplieran con el retiro de los 150 mil pesos para entregarlos al contratista –no les especificó el nombre de éste–, y además les adelantó que no se les podría proporcionar ningún recibo.

(Foto: Tomada de Correo)

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