Texas se prepara para aplicar la pena de muerte el próximo miércoles al guanajuatense Rubén Ramírez Cárdenas, con lo que violaría de nuevo tratados y fallos judiciales internacionales que ordenan a Estados Unidos revisar las infracciones cometidas durante su detención y proceso.

Ramírez Cárdenas, de 47 años de edad y originario de Irapuato, Guanajuato, fue sentenciado a la pena capital por la violación y muerte de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, el 22 de febrero de 1997 en la comunidad de Edinburg, en el sur de Texas, indicó información de Notimex.

Ese día, los padres de Laguna reportaron la desaparición de su hija a las autoridades. En el curso de la investigación, la policía interrogó a Ramírez Cárdenas, quien se presentó voluntariamente a declarar.

Durante más de 10 horas, Ramírez Cárdenas permaneció en la estación de policía y fue interrogado por nueve diferentes agentes de la policía y del Departamento del Sheriff del Condado de Hidalgo, sobre la desaparición de Mayra.

Sin embargo, a pesar de ser ciudadano mexicano, en ningún momento los agentes le informaron de su derecho a recibir la asesoría del personal del Consulado de México, como lo obligan los tratados internacionales.

El derecho de un reo extranjero a recibir la ayuda de las autoridades de su país está garantizado en el Tratado de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares de 1963, ratificado por Estados Unidos, México y más de un centenar de otras naciones.

Ramírez Cárdenas fue arrestado y acusado del homicidio sin tener acceso, en ningún momento, a la ayuda consular.

El mexicano permaneció 11 días sin abogado defensor y el consulado de México en McAllen no supo de los cargos contra Ramírez Cárdenas hasta cinco meses después de su detención.

“Es una violación significativa del tratado”, dijo el abogado Gregory Kuykendall, a cargo del Programa de Asistencia Legal para Mexicanos en Pena de Muerte, creado por el gobierno de México en el 2000 para defender a sus connacionales de la aplicación del castigo capital.

“Lo que nos separa de la anarquía es nuestro compromiso con el debido proceso y con la aplicación de las leyes que están vigentes tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Nuestros compromisos con los tratados prevalecen”, dijo Kuykendall.

En marzo de 2004 la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJ), la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas, ordenó a Estados Unidos revisar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte, en cuyas detenciones y juicios se les violaron sus garantías.

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