El gobierno estadounidense revocó las visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios gubernamentales en México, en medio de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos.

La información fue obtenida por la agencia de noticias Reuters, al citar a dos funcionarios mexicanos.

Algunos de estos casos han salido a la luz, pero el reporte de Reuters muestra que las cancelaciones de visas son mucho más generalizadas de lo que se había informado previamente.

Según tres ex embajadores estadounidenses, administraciones previas han revocado visas, pero no en el mismo grado, lo que dijeron era un indicativo de la voluntad del presidente Trump de usar la herramienta diplomática para lograr objetivos políticos.

HERRAMIENTA DIPLOMÁTICA

“El gobierno de Trump está encontrando nuevas maneras de ejercer más presión sobre México”, dijo Earl Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015.

La medida ha causado una discreta conmoción en la elite política mexicana, que viaja regularmente a Estados Unidos y requiere visa.

También marca una ampliación significativa de la acción antinarcóticos estadounidense, concentrándose en políticos en funciones, algo que suele considerarse demasiado sensible en diplomacia.

Una de las fuentes, un destacado político mexicano del oficialismo, afirmó a Reuters que a más de 50 políticos del partido gobernante Morena se les ha revocado las visas.

También mencionó a decenas de funcionarios de otros partidos políticos. Las fuentes solicitaron el anonimato para hablar sobre un tema delicado.

FALTAN NOMBRES

Reuters no pudo confirmar los nombres de los funcionarios mexicanos cuyas visas fueron revocadas.

Hasta el momento, sólo cuatro han confirmado públicamente la pérdida de sus visas, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado.

Estados Unidos no necesita dar explicaciones para revocar la visa de alguien, y el umbral para hacerlo es mucho menor que para imponer sanciones o un proceso judicial, según las fuentes.

(Fotos: Tomadas de Reforma y Latinus)

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