(Fotografía:Especial) Redacción: Victoria Dueñas Un nuevo caso de desacato a las restricciones en zonas arqueológicas generó indignación en redes sociales, luego de que dos turistas fueran captados subiendo ilegalmente a la pirámide de Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. De acuerdo con reportes e imágenes difundidas en plataformas digitales por otros visitantes, las dos personas lograron evadir momentáneamente la vigilancia para ingresar al área restringida y comenzar el ascenso por la estructura, considerada patrimonio cultural de la humanidad. Ante el hecho, elementos de seguridad del sitio intervinieron de manera inmediata para hacer descender a los infractores y retirarlos del lugar bajo custodia, con el fin de ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes. Un veto que data de 2006 El ascenso al Castillo de Kukulkán está estrictamente prohibido desde el año 2006, una medida que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) implementó y reforzó normativamente en 2008. 😲😨 Indignación en Chichén Itzá: Turistas extranjeros burlaron la seguridad y escalaron la pirámide de Kukulkán.💢 Comunidades mayas y artesanos reprobaron el acto y ellos mismos los obligaron a bajar. Al descender, fueron detenidos por la Guardia Nacional. ‼ 𝐄𝐥… pic.twitter.com/mgVKKO10Kn— Playaaldia (@playaaldia) May 21, 2026 La restricción respondió a dos factores críticos: la acelerada erosión y el desgaste de los escalones de piedra caliza debido al flujo masivo de visitantes, y la seguridad de los propios turistas. La decisión de cerrar el acceso de forma permanente se consolidó tras registrarse varios accidentes graves en las empinadas escalinatas, incluida la caída fatal de una mujer de la tercera edad en 2006. A nivel nacional, este tipo de restricciones de conservación se generalizaron en la mayoría de los sitios arqueológicos de México a partir del cierre sanitario por la pandemia en 2020. Las sanciones: Multas de hasta 100 mil pesos y cárcel Quienes vulneren los cercos de seguridad en monumentos históricos enfrentan severas consecuencias legales estipuladas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: Sanción administrativa: El artículo 55 de dicha ley establece que la violación a las normas de acceso a un sitio arqueológico conlleva multas que oscilan entre los $50,000 y los $100,000 pesos mexicanos. Sanción penal: En caso de que se determine que la acción causó daños, alteración o destrucción del monumento, el artículo 52 contempla penas de 3 a 10 años de prisión, además de la responsabilidad civil por el costo de la restauración. Aunado a las sanciones económicas y al arresto administrativo, los infractores suelen enfrentar el repudio de los presentes en el sitio, quienes frecuentemente increpan y abuchean a los turistas que vulneran el reglamento del patrimonio cultural. Compartir Navegación de entradas Cooperación institucional: implementan acciones conjuntas para garantizar certidumbre a los turistas