Redacción: Victoria Dueñas Un fallo procesal derivado de la falta de reformas tras la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) amenaza con dejar impune un fraude de más de 590 millones de pesos en el puerto de Tuxpan. ¿Qué ocurrió? El proceso penal considerado el mayor golpe contra el “huachicol fiscal” marítimo emprendido por la Fiscalía General de la República (FGR) está al borde del colapso debido a una falla de procedimiento administrativo. A siete años de cometidos los delitos, un tribunal colegiado de apelación en Veracruz revocó los autos de vinculación a proceso dictados contra cuatro presuntos implicados, tras concluir que la denuncia penal la debió presentar la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y no el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ante esta encrucijada legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el expediente para definir el criterio final. La defensa del Vicealmirante Manuel Farías, procesado por huachicol fiscal, dijo que documentos hallados por FGR no están firmados por él, sino por el ex Secretario de Marina Rafael Ojeda https://t.co/IS0Zc8GOSn— REFORMA (@Reforma) September 8, 2026 ¿Cómo ocurrió el fraude y quiénes están involucrados? Según las investigaciones de la FGR e información judicial, la red de contrabando operó entre octubre y diciembre de 2019 ingresando ilegalmente diesel por el puerto de Tuxpan, Veracruz. La maniobra causó un quebranto a la hacienda pública estimado en 593 millones de pesos por impuestos no pagados. El esquema consistió en la subdeclaración masiva de volumen en tres buques petroleros: Buque Akeraios: Transportó 28.7 millones de litros de diesel, pero únicamente se declararon 2.8 millones, omitiendo un pago fiscal de 205 millones de pesos. Por este embarque se imputó a Adrián Esteban Hernández Cristóbal (apoderado legal de la empresa de logística naviera Navecopa) y a Mario Guijarro Tamayo (administrador de la firma Dersa Oil & Gas). Buque Atlantic Bay: Arribó con 28.7 millones de litros y sólo reportó 7.1 millones, evadiendo 173 millones de pesos en impuestos. Fue imputado Edgar Marín Meza, presidente de Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu). Tercer buque (nombre bajo reserva en la sentencia): Ingresó 31.8 millones de litros de diesel, de los cuales sólo declaró 4.7 millones, generando un daño de 215 millones de pesos. Por este caso se acusó a la agente aduanal Patricia Guerra Miranda. En toda la logística intervino de forma clave la compañía consignataria Navecopa, encargada de la atención y trámites de llegada, estancia y salida de los barcos en el puerto5. ¿Por qué se tambalea el caso? El origen del fallo El expediente no se tambalea por falta de evidencia del contrabando, sino por un desfase normativo y retrasos procesales: El desorden administrativo: Cuando se creó la ANAM por decreto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se le asignaron las tareas operativas de las aduanas. Sin embargo, el Congreso nunca reformó la Ley del SAT. Esto provocó que en el texto legal el SAT conservara la facultad de querellarse por delitos aduaneros, mientras que en la estructura ejecutiva la atribución ya pertenecía a la ANAM. Omisiones de la FGR: Aunque la FGR descubrió la red en 2020, tardó entre tres y cuatro años en judicializar las carpetas de investigación (entre 2023 y 2024). Además, la Fiscalía únicamente presentó cargos por una modalidad de contrabando que no amerita prisión preventiva oficiosa, descartando imputar delincuencia organizada u otros delitos graves. ¿Cómo afecta? Las implicaciones de esta falla institucional son severas para la procuración de justicia: Absolución total: Si la Suprema Corte determina que el SAT carecía de legitimación para querellarse, los acusados quedarán automáticamente absueltos. Magnitud del quebranto: Este fraude supera con creces otros expedientes emblemáticos de huachicol fiscal, como los 166 millones de pesos imputados a la red del exgobernador Ernesto Ruffo o los 340 millones atribuidos a la organización de los hermanos Farías3. Precedente judicial: Pone de manifiesto cómo la falta de armonización entre leyes e impulsos administrativos, sumada a fallas en la estrategia de acusación, puede neutralizar investigaciones multimillonarias contra el fraude fiscal. Compartir Navegación de entradas El organismo nacional actualiza su línea visual con tonalidades moradas y lilas A 25 años del 11-S: el día que cambió a Estados Unidos y marcó al mundo
