Si bien por el momento sólo se habla de investigación y cuentas congeladas, Cruz Azul está en riesgo de ser desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol y de la Liga MX.

De acuerdo con el reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Liga MX, se señala en el Artículo 66: Un Afiliado a la FMF perderá su afiliación si “el Dueño y/o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación a juicio del Comité Ejecutivo”.

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Así que en todo caso en que se compruebe que Guillermo Álvarez incurrió en una falta, podría estar despidiéndose de su estatus como presidente del Cruz Azul, con todas las consecuencias que puede traer al club, publicó el diario Reforma.

Si bien se mencionada que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera es contra Guillermo y Alfredo Álvarez, además de Víctor Garcés, los dos últimos no están afiliados a la Federación Mexicana de Futbol, pero “Billy” Álvarez, sí.

El jueves por la noche se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de la Cooperativa La Cruz Azul, su presidente Guillermo Álvarez Cuevas, su hermano Alfredo y el ex directivo Víctor Garcés Rojo, por una investigación de presunto lavado de dinero.

Al mismo tiempo, el organismo a cargo de Santiago Nieto presentó desde la semana pasada una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los Álvarez y Garcés, por supuestas transferencias a cuentas en el extranjero y compra de inmuebles en Estados Unidos. En este caso, no denunció a la cementera.

Conforme a fuentes ministeriales citadas por Reforma, las acciones de la UIF se basan en las denuncias que en abril de 2019 los disidentes de la cooperativa presentaron ante la FGR contra los hermanos Álvarez y Garcés, por administración fraudulenta y lavado de 191 millones de pesos.

La querella del organismo hacendario le atribuye a Guillermo Álvarez la compra de 7 inmuebles en Estados Unidos -cuatro en Miami, dos en Oklahoma y una en Nevada-, así como depósitos a una empresa con recursos de la cooperativa.

Fuentes allegadas a la cementera dijeron que ninguna de las casas es propiedad del directivo y que se trata de homónimos cuya identidad no fue debidamente verificada.

Al mismo tiempo, precisaron que las transferencias cuestionadas corresponden a depósitos en favor de la empresa alemana Thyssenkrupp, por servicios relacionados con los hornos de cemento.

“Esta medida tomada por la UIF, en medio pandemia, dejará sin comer a 900 cooperativistas y 10 mil familias que viven de la cooperativa”, dijo una fuente allegada a la empresa que pidió el anonimato al diario Reforma.

Un allegado a la directiva aseguró que el disidente Víctor Velázquez Rangel ofreció resolver este problema legal, a cambio de que Guillermo Álvarez renunciara a la presidencia y abandonara en definitiva la cooperativa.

(Foto: Tomada del diario Reforma)

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