El Puerto Interior, en el municipio de Silao, Guanajuato, corre el riesgo de quedarse sin suministro de agua en los próximos años.Su rápido crecimiento causado por la llegada de cientos de empresas proveedoras del sector automotriz de todo el mundo hacen que la demanda de todos los servicios se incremente de manera exponencial, según un reportaje del diario El Universal.Oficialmente se llama Puerto Interior, pero aquí le llaman Puerto Seco, dice la nota de investigación de El Universal.Para crecer, advierte, necesita millones de litros de agua que no hay. Por eso, el gobierno estatal reclama el agua de Jalisco, que el gobierno federal prometió al estado de Guanajuato desde que impulsó formalmente el proyecto de la presa El Zapotillo, en 2005.Pero hay un problema. La construcción del acueducto de 140 kilómetros, que cruzará desde Cañadas de Obregón, Jalisco, hasta la capital industrial de Guanajuato, está a cargo de la empresa Abengoa, de capital español, dice la nota de El Universal.En 2011, Abengoa ganó la licitación para capitalizar el agua contenida en la presa El Zapotillo, que construye la mexicana-española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El contrato, por mil 600 millones de pesos, fue para el trasvase desde Río Verde, Jalisco, a Guanajuato, y la venta de agua.Pero seis años después, dice El Universal, la construcción del acueducto no ha iniciado porque la obra está frenada por la oposición de pobladores de tres comunidades que serían inundadas, y por la falta de aceptación de los ganaderos y propietarios de predios por donde pasará el tubo: la región Altos Norte de Jalisco, importante franja ganadera.Mientras eso se resuelve, la empresa, que se declaró insolvente en 2015, cobra los réditos de un proyecto por el que no ha puesto una sola piedra, y usa los contratos como garantía para pagar otras deudas, añadió El Universal.“El gobierno defiende una empresa en quiebra”, resume María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC.NEGOCIO REDONDOPara Abengoa, cuya deuda asciende a 6 millones de euros, México ha resultado un negocio redondo: gana licitaciones que usa como garantía para adquirir deuda en otros países, como la que tiene con el Banco de Inglaterra y, desde 2015, financia proyectos de inversión de alto riesgo, como el del acueducto del Zapotillo-León, con los fondos de pensiones, un mecanismo bursátil creado por el gobierno mexicano para salvaguardar las jubilaciones de los trabajadores.El mecanismo para invertir recursos públicos de las pensiones de los trabajadores mexicanos en una empresa privada es legal y el argumento para especular con los ahorros de años de trabajo —no sólo en México, sino en el mundo— es que se necesita generar divisas para garantizar la pensión a los jubilados cuando no haya un capital productivo.Pero no hay explicación de por qué el gobierno mexicano decidió invertir esos bonos en una empresa quebrada. Ni por qué los escándalos derivados de la crisis financiera de Abengoa son insuficientes para finiquitar las relaciones comerciales con el consorcio y, por el contrario, dotarlo una y otra vez de recursos públicos a lo largo del territorio nacional.En Cañadas de Obregón, Jalisco, los pobladores de tres comunidades han dado una batalla judicial de 12 años contra el trasvase de agua en la represa El Zapotillo, y están decididos a ganar. En Silao, Guanajuato, lo que se ve es un monstruo industrial que necesita tragar millones de litros de agua para sostener el crecimiento económico que presume el gobierno actual y que comenzó cuando Vicente Fox fue presidente.“Por cada unidad automotriz, el proceso utiliza 280 mil litros de agua y la devolución del líquido utilizado es agua contaminada con metales pesados, supeditada a un confinamiento especial que debe ser tratada para de nuevo ponerse en uso y consumo humano”, dijo a El Universal, Iván Patiño, académico de la Universidad Iberoamericana campus León.Compartir
