Pablo M., el ex alcalde de Palmar de Bravo, Puebla, señalado por sus presuntos nexos con huachicoleros, registró en un solo año movimientos financieros por 57 millones de pesos de origen presuntamente injustificado. De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, citados por el diario Reforma, la PGR lo acusa de realizar estos depósitos y retiros en sus cuentas bancarias durante 2015. Entre las operaciones están los supuestos desvíos de recursos del municipio a cuentas bancarias de personas que también recibían depósitos millonarios presuntamente procedentes de la venta de combustible robado, consignó el diario Reforma en su información. Las autoridades lo señalan de adquirir 17 inmuebles, la mayoría en Puebla, con recursos de procedencia ilícita. Se trata de terrenos, hoteles y oficinas distribuidos en la entidad. El ahora procesado no es el único político local investigado por sus supuestos nexos con huachicoleros, recordó el diario Reforma. A raíz del enfrentamiento ocurrido el 3 de mayo en la localidad de Palmarito, donde 6 presuntos delincuentes y 4 militares murieron, las autoridades federales indagan también a otros alcaldes. Ellos son Néstor Camarillo, del municipio de Quecholac; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco, y Antonio Aguilar, de Acajete, añadió Reforma. Según los datos obtenidos, en el caso del Edil de Palmar de Bravo, la PGR solicitó a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa las órdenes de aprehensión contra otros cuatro presuntos cómplices del ex edil. Si bien el Gobierno federal no afirma categóricamente que la riqueza acumulada por Morales Ugalde sea derivada del negocio de los combustibles robados, sí establece la probabilidad, dijo Reforma en su información. Pemex verificó las cuatro gasolineras donde el ex Edil aparece registrado como socio y concluyó que vendían más combustible del que compraban. Dichas estimaciones también fueron presentadas al juzgado que ordenó su aprehensión, aunque de momento no son públicas, añadió Reforma. De hecho, el 18 de abril sus gasolineras empezaron a ser revisadas oficialmente y, el 30 de junio, las autoridades informaron que las 4 fueron clausuradas en Puebla. Compartir
