El más reciente informe del Citizen Lab, publicado este lunes en su página web, confirma que un teléfono perteneciente al grupo internacional de expertos de varios países (GIEI) reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargado de investigar la desaparición de normalistas en Iguala, en 2014, fue blanco de intentos de infección con el spyware Pegasus.

Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre su investigación, consignó el diario Reforma.

Según el reporte, mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Procuraduría General de la República (PGR).

Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del Gobierno mexicano en particular, indica que el software para espionaje fue adquirido por la PGR y otras agencias de inteligencia gubernamentales.

Este informe se suma al creciente número de casos que muestran el uso del spyware comercial en el contexto mexicano.

Hasta ahora, Citizen Lab ha determinado que la tecnología vendida por una compañía israelí para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y activistas contra la corrupción, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 normalistas.

Los investigadores que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirman que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el Gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora, según un reportaje publicado por The New York Times, hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.

El teléfono del secretario ejecutivo del GIEI fue usado por casi todos los integrantes del grupo como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el Gobierno de México.

De acuerdo con el trabajo publicado por NYT, al tener como blanco a los miembros del GIEI, el espionaje afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del Presidente Enrique Peña Nieto.

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