Congreso avala cárcel y sanciones e inhabilitación a servidores públicos por “halconeo”

Por unanimidad, el pleno del Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas al Código Penal con las que se sancionará con una pena mayor e inhabilitación a los servidores públicos, pertenecientes a instituciones de seguridad del estado y municipios, que faciliten información para la realización de conductas delictivas.

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El establece que al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días de multa.

Además, si el sujeto activo del delito es integrante de institución de seguridad pública, procuración de justicia o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción de aumentará hasta con una mitad del máximo.

Asimismo, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

También, a quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de pena, se le impondrá prisión de dos a siente años y de veinte a setenta días de multa.

La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando sea cometido por ex integrantes de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas; sea cometido a través de menores de 18 años o incapaces o se utilicen equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad pública.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Cristina Márquez Alcalá precisó que, con esta nueva redacción, la pena de prisión podrá superar los 13 años y también se contemplará en forma específica el proporcionar información con el objetivo de entorpecer el cumplimiento de las acciones de ejecución de penas, así como de las funciones de seguridad, procuración e impartición de justicia.

Además, dijo se contemplan penas que pueden llegar a superar los 10 años de prisión, no sólo para los que informen, sino también para los que pretendan obtener información sobre las actividades de los servidores públicos en el ámbito de ejecución de penas, seguridad pública, procuración o administración de justicia, con el objetivo de cometer crímenes o entorpecer el trabajo de estas instituciones.

Finalmente, destacó que la reforma planteada pretende brindarle a la sociedad guanajuatense una herramienta jurídica efectiva para castigar el “halconeo”, además de enviar un mensaje en el sentido de que quienes traicionen la confianza de los ciudadanos y de las instituciones enfrentarán todo el peso de la ley.

REFORMAS AL ROBO CALIFICADO

El Pleno del Congreso también aprobó reformas al Código Penal en materia de robo calificado. Ahora, se considerará robo calificado si en la ejecución del robo se utilizan armas. Además, la sanción de prisión que corresponda se aumentará hasta ocho años.

En el dictamen se señala que se entenderá por armas, además de las de fuego, no sólo los objetos o instrumentos destinados a atacar o defenderse, sino también los que, por su elaboración original o por su adecuación artificiosa, sean de potencial lesividad y se les dé igual aplicación que a aquellos.

Para hablar a favor del dictamen hizo uso de la tribuna el diputado Héctor Hugo Varela Flores, quien recordó que la iniciativa había sido propuesta por su grupo parlamentario (PRI) con el objeto de contribuir a la reducción de la incidencia del delito de robo y robo con violencia, mediante la inhibición de la conducta de quienes perpetran ese ilícito a través del incremento de las sanciones punitivas.

El legislador detalló los hechos que los llevaron a presentar la propuesta legal y subrayó que no era que necesariamente quisieran privilegiar el incremento de las medidas punitivas como medio de contención de la conducta criminal pero que, por el momento, no encontraban otra medida que proponer un mayor castigo para quienes cometan ese ilícito apoyados por el amenazante uso de las armas.

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