Con el argumento de que “hartan los amparos”, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este martes que el decreto con el que se “blinda” con la etiqueta de “seguridad nacional” a las obras de gobierno se realizó con el objetivo de agilizar trámites burocráticos, y que esto no tiene nada que ver con la transparencia.

“Es un acuerdo para agilizar tramites y que por los tramites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les de también tiempo para presentar toda la documentación”, justificó en su mañanera.

El mandatario federal añadió que las obras deben ser concluidas. “Esto no tiene nada que ver con la transparencia, las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, expresó.

“SEGURIDAD NACIONAL”

Su defensa ocurre luego de que el lunes se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que declara la realización de proyectos y obras del Gobierno como asuntos de interés público y seguridad nacional.

El decreto también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar dichos proyectos.

El presidente aclaró que el acuerdo permite que las obras como el Tren Maya sean más expeditos y que el acuerdo se trata de un asunto interno entre dependencias.

Las dependencias del Gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias, eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias”, argumentó.

PRISA POR LAS OBRAS

Con su decreto, el tabasqueño busca evitar que las megaobras de su administración, como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, sean frenadas por amparos y lo que considera embestida legal.

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Están protegidos por esta medida proyectos y obras de infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles.

También los que pertenecen a los sectores energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, consignó el diario Reforma.

FUERTES CONDENAS

Tras conocerse el “decretazo” la noche del lunes, analistas y empresarios condenaron duramente la medida calificándola de autoritaria y abiertamente violatoria de la ley.

Gustavo de Hoyos, ex dirigente de Coparmex (Confederación Patronal de la Republica Mexicana), posteó que “el acuerdo presidencial para avasallar las leyes aplicables a los proyectos oficiales, aduciendo razones de ‘interés público y seguridad nacional’ es claramente inconstitucional”.

A su vez, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró en su cuenta de Twitter que el decreto del presidente “es evidentemente inconstitucional”.

En la lógica del presidente López Obrador, el país ya no requiere de un orden constitucional. En el decreto publicado, él se coloca por encima de la Constitución, las leyes y los Derechos Humanos”, dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común A.C.