(Fotografía:Especial)

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron la destrucción de droga en Guanajuato y de diversos bienes relacionados con actividades delictivas, cuyo valor conjunto supera los 10 millones de pesos, como parte de las acciones para combatir la delincuencia y evitar que estos objetos vuelvan a ser utilizados.

La jornada fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con autoridades estatales y federales, quienes llevaron a cabo la destrucción de narcóticos, objetos asegurados y bienes vinculados con investigaciones ministeriales concluidas.

Las autoridades señalaron que este procedimiento forma parte del cumplimiento de resoluciones judiciales y representa un paso importante para fortalecer el Estado de Derecho, además de impedir que estos productos permanezcan en circulación.

Destruyen narcóticos y diversos objetos asegurados

(Fotografía:Especial)

Durante la jornada fueron destruidas distintas cantidades de narcóticos, así como bienes relacionados con hechos delictivos que habían sido asegurados durante diversos operativos realizados por las autoridades.

El material destruido formaba parte de expedientes concluidos y su eliminación se efectuó conforme a los procedimientos legales establecidos, bajo supervisión de las autoridades competentes para garantizar transparencia y apego a la normatividad vigente.

La Fiscalía General de la República destacó que estas acciones contribuyen a fortalecer el combate contra la delincuencia y representan un mensaje de coordinación entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la seguridad.

Reafirman coordinación para fortalecer la seguridad

(Fotografía:Especial)

Durante el evento, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para combatir los delitos y fortalecer la seguridad en Guanajuato.

Asimismo, destacaron que la destrucción de droga y bienes asegurados evita que estos objetos regresen a actividades ilícitas y fortalece las acciones institucionales orientadas a proteger a la población.

Con este procedimiento, las autoridades refrendaron su compromiso de continuar trabajando en el combate a la delincuencia mediante acciones coordinadas, siempre con apego a la legalidad y al marco jurídico vigente.

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