Guanajuato es uno de los 32 estados del país más activos en el combate al lavado de dinero.

Un informe de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad citado por el diario Reforma, indica que, junto con Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) trabaja activamente contra este delito.

En su información, Reforma indica que el plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel nacional, ha fracasado.

Mientras el cargo al erario costó 26 millones de pesos en 2022, de los cuales 92 por ciento proviene de la Federación, sus resultados son escasos, añadió Reforma.

NULO TRABAJO NACIONAL

Con base en un análisis de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Reforma publica que, en el 2022, se identificaron apenas 74 carpetas de investigación, de las cuales sólo 8 se judicializaron.

El Observatorio Nacional Ciudadano hizo un estudio sobre la operación de esas unidades estatales, cuya creación se impulsó en la actual Administración federal cuando Santiago Nieto aún estaba al frente de la UIF.

Denominadas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), todas tienen escasa actividad y el total del personal va desde una sola persona (en BCS) hasta 15 personas (en CDMX).

GUANAJUATO, EL EJEMPLO

Dos son las más activas: Guanajuato y Querétaro con 42 y 30 carpetas de investigación, respectivamente, de las cuales 8 se judicializaron.

Creada en 2019, Guanajuato cuenta con la Unidad de Investigación e Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía estatal para combatir el lavado de dinero.

El reporte del Observatorio Ciudadano indica que la unidad de Investigación de Guanajuato es financiada con el presupuesto de Gobierno estatal, sin depender de los recursos de la Federación.

Además, indica que el personal de esta unidad ha sido capacitada en:

  • Investigación financiera: lavado de dinero, normar y autoridades relacionadas con este delito, judicialización de los casos y extinción de dominio
  • Panorama actual de la extinción de dominio
  • Amparo en materia de lavado de dinero
  • Operación de la plataforma SIARA
    En reporte general del país señala que, entre los problemas detectados en la operación de las unidades, está que sólo seis estados tienen homologado con la Federación el tipo penal de lavado de dinero.

Al cierre de 2022 existían 33 unidades en el país, de las cuales 17 están adscritas a fiscalías y procuradurías estatales; 13 a secretarías de finanzas, planeación o hacienda; y 3 a secretarías de seguridad.

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad advierte que, a una década de su creación, estas Unidades no arrojan resultados tangibles porque tienen serios problemas de diseño, implementación y evaluación.

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