El incendio que devastó 670 hectáreas de la isla de Holbox a finales de agosto ha generado preocupación entre organizaciones ambientalistas, que señalan posibles intereses inmobiliarios detrás del siniestro. El fuego, que se originó fuera de temporada en la zona de Punta Mosquito/La Ensenada, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, estuvo activo durante más de 10 días y fue declarado extinguido a inicios de septiembre.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecológico del Mayab, el Grupo Tortuguero del Caribe, Amigos de Sian Ka’an, Centinelas del Agua y Casa Wayuu han exigido a las autoridades federales, estatales, municipales y agrarias que se investiguen y sancionen los hechos, además de que se decrete una veda por 20 años en la zona afectada. Estas organizaciones advierten que el incendio ocasionó la fragmentación del ecosistema, desplazando fauna y destruyendo hábitats esenciales, como los manglares, que son vitales para la protección costera y el control de la erosión.

Según imágenes satelitales, el incendio no se originó en predios de Península Maya Developments (PMD), la firma vinculada a los dueños de la embotelladora Bepensa, quienes han mostrado interés en desarrollar proyectos turísticos en la isla. Sin embargo, las organizaciones ambientales señalan que la proximidad de las áreas afectadas a terrenos de PMD y la falta de medidas preventivas podrían estar relacionadas con presiones inmobiliarias para liberar espacios para el desarrollo.

Ante esta situación, las organizaciones han solicitado que se boletine el polígono afectado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y las autoridades agrarias, para evitar que se otorguen permisos, licencias o concesiones que contravengan la veda y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida.

Este incidente pone en evidencia la tensión entre la conservación ambiental y los intereses de desarrollo inmobiliario en zonas protegidas, destacando la necesidad de una supervisión más estricta y una mayor transparencia en la gestión de áreas naturales sensibles como Holbox.

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