(Fotografía:Especial) Redacción: Victoria Dueñas La inclusión no es una concesión ni un acto de asistencia pública; es un derecho fundamental. Bajo esta premisa, ciudadanos y familias de la región se reunieron en este municipio para acceder a la Credencial Nacional de Discapacidad, un documento oficial que no representa una ayuda, sino una herramienta legal para derribar las barreras burocráticas que limitan su movilidad y su pleno desarrollo. Esta credencial, emitida en un esfuerzo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, busca facilitar el acceso a servicios básicos, salud, espacios culturales y tarifas preferenciales en transporte. Sin embargo, el verdadero fondo de estos encuentros va más allá del papel: se trata de reconocer que las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos a habitar, disfrutar y trabajar en sus comunidades sin depender de la buena voluntad del entorno. El reto de igualar las oportunidades Durante la jornada, las y los asistentes pusieron sobre la mesa las vivencias y obstáculos que enfrentan diariamente en el Bajío. Desde la falta de infraestructura urbana adecuada hasta los prejuicios en los procesos de contratación laboral, las demandas de los ciudadanos fueron claras: el entorno social debe transformarse para asegurar un piso parejo para todos. Liz Alejandra Esparza Frausto, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, coincidió en que las políticas públicas deben diseñarse escuchando directamente a quienes viven estas realidades, reconociendo que la inclusión real ocurre cuando se garantiza la participación en la vida educativa, económica y social, y no solo en el discurso. Por su parte, Carlos Daigoro Fonce Segura, subsecretario para la Inclusión, apuntó a la necesidad de que la perspectiva de discapacidad deje de ser un tema aislado y se convierta en una obligación transversal para toda la sociedad e instituciones, promoviendo entornos donde la accesibilidad sea universal. Hacia una participación activa y sin barreras Para que la igualdad de oportunidades sea real, se requiere el fortalecimiento de herramientas que impulsen la vida independiente de las personas. En ese sentido, la agenda regional busca consolidar no solo servicios de rehabilitación o salud visual, sino programas clave para la autonomía como la vinculación laboral directa con empresas, la capacitación en braille y la garantía de intérpretes en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para la realización de trámites autónomos.La meta final de estas acciones colectivas es construir un Guanajuato donde la diversidad funcional deje de ser un factor de exclusión y donde el acceso a una vida digna, segura e incluyente sea una realidad cotidiana para todas y todos. Compartir Navegación de entradas Éxito en la jornada del Simulacro Nacional 2026