La SEP violó varias veces la ley al imprimir libros sin planes de estudio

Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) violaron reiteradamente la ley en el proceso para los nuevos libros de texto, indicó la jueza federal Yadira Medina Alcántara.

La impartidora de justicia argumentó que ya estaban impresos los libros de texto gratuitos meses antes de que existieran los programas de estudio respectivos.

Los libros de texto exhibidos por las autoridades ante la jueza fueron impresos en enero (primer grado), febrero (segundo grado), abril (tercer grado), abril y mayo (cuarto grado), junio (quinto grado y multigrado) y julio (sexto grado) de 2023.

Los planes de estudio para cada grado fueron publicados por la SEP hasta el 15 de agosto, a menos de dos semanas del inicio del ciclo escolar 2023-2024, consignó el diario Reforma.

SENTENCIA CONTUNDENTE

La jueza Medina publicó la sentencia en la que concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), un documento de 177 páginas que detalla violaciones a la Ley General de Educación y otras normas.

El procedimiento utilizado por las autoridades carece de relevancia jurídica, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron, y después se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio”, explicó.

Recordó que primero debieron publicarse los programas de estudio, toda vez los libros de texto se deben ajustar a los programas de estudio y no a la inversa.

RETRASO ABSURDO DE LA SEP

Pese a que el Plan de Estudios La Nueva Escuela Mexicana fue publicado en agosto de 2022, la jueza criticó a la SEP por esperar hasta el 15 de agosto de 2023 para publicar los programas de estudio.

“Este punto es de relevancia mayúscula porque la previsión de que dichos materiales estén a disposición en el momento del inicio escolar, no significa que todo se elabore y apruebe con días antes de aquella fecha”, añadió.

Argumentó que “ello presupone que se siga el procedimiento respectivo en los términos ya indicados, de modo que garantice la participación de todos los actores públicos y sociales, tales como las autoridades federales y de las entidades federativas, así como de las personas progenitoras o tutoras, y de las organizaciones sociales y demás especialistas en materia educativa”.

DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD

La jueza también advirtió que el Plan de Estudios, que es la base del proyecto que se refleja en los libros, es de dudosa constitucionalidad, pues otro juez federal, Francisco Javier Rebolledo, concedió el 16 de junio un amparo en el que impuso condiciones para su aplicación general en el ciclo 2023-2024, sentencia que aún está en revisión.

La sentencia de Medina no obliga por ahora a la SEP, que solo tendrá que cumplir el amparo si es confirmado por un tribunal colegiado, lo que tomará varios meses, indicó Reforma en su información.

Una suspensión concedida en mayo por la jueza sí era obligatoria de inmediato, pero no ha sido acatada en sus términos.