La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investigar a operadores de su antecesor, Arturo Zaldívar, por una denuncia que los acusa de conformar un “sistema corrupto” para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados.

En virtud que el CJF no tiene facultades para indagar y sancionar a Zaldívar, Piña también instruyó remitir el caso particular del ministro a la SCJN para darle trámite a la denuncia, consignó el diario Reforma.

Arturo Zaldívar, quien es cercano al presidente López Obrador, renunció a la Suprema Corte en noviembre de 2023, aunque su periodo concluía en diciembre de 2024, para integrarse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum.

Por la cantidad de personajes y hechos denunciados, esta es la investigación más amplia que ha sido abierta contra integrantes del Poder Judicial de la Federación sobre posibles actos de corrupción, extorsiones y amenazas, entre otras ilegalidades.

DENUNCIA ANÓNIMA CONTRA ZALDÍVAR

Un oficio emitido el pasado 9 de abril en la investigación J/108/2024, detalla que el CJF abrió este expediente con base en una denuncia anónima que acusa a Zaldívar como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial.

Pero el texto señala que uno de sus principales operadores para extorsionar y amenazar a juzgadores era Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del CJF, quien según el anónimo actuaba bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, ex consejero de la Presidencia de la República, añadió Reforma.

Señala que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, entonces a cargo de Jaime Santana Turral, y la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo, cuando su titular era Arely Gómez González, eran las áreas más utilizadas para intimidar a impartidores de justicia y obligarlos a dictar sentencias a modo.

CORRUPCIÓN AL DESNUDO

Otro de los investigados es Edgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, porque supuestamente coaccionaba y sobornaba a contratistas de Pemex para declararse en quiebra.

El CJF también ordenó investigar a Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública y hoy secretario de Estudio y Cuenta de la ministra Lenia Batres.

A Sandoval lo denunciaron porque presumiblemente presionaba a defensores públicos para que implementaran acciones indebidas.

La denuncia identifica con nombre y apellido a 70 jueces y magistrados presionados e intimidados por los emisarios de Zaldívar.

(Fotos: Tomadas de Reforma)

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