Un derroche más sin que haya manera de detenerlo: los congresos locales gastaron el año pasado más de mil 355 millones de pesos en dádivas.

Al analizar el gasto presupuestal de los congresos, el Informe Legislativo 2017 del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) dio a conocer que 17 de ellos destinaron recursos para actividades no legislativas a cargo de los diputados locales, y que se etiquetan como “ayudas sociales”, de acuerdo con información de Reforma.

Incluso nombra estos apoyos como una especie de “sedesoles legislativos”, porque son programas sociales fuera de las funciones que tienen asignadas los diputados, dice la nota de Reforma.

Dichas ayudas significaron 15.9 por ciento del gasto total de los congresos locales durante el año pasado, destaca el documento.

“Solamente por concepto de ayuda social, la ALDF y los Congresos de Guerrero y Veracruz gastaron más de 878 millones de pesos durante 2016, cifra mayor al presupuesto aprobado para los entes de fiscalización de estas tres entidades”, cita el estudio, publicado por Reforma.

El Imco señala que, para garantizar la visión de poderes, las legislaturas locales deben abocarse exclusivamente a la esfera de sus atribuciones, y no a competencias de otro poder.

Al destinar los recursos para acciones de desarrollo social, se da una función ajena a los poderes legislativos, lo que constituye lo que se denomina en litera internacional el “pork barrel”, que es el uso de dinero público que los legisladores tienen a su disposición para financiar proyectos de interés local y con el fin de obtener votos, explica el documento.

“Las ayudas sociales son asignaciones que los entes públicos otorgan a personas o instituciones. No forman pate de las funciones de los legisladores”, añade documento citado por Reforma.

Y LO ETIQUTAN

En los presupuestos de los gobiernos del Estado de México y Tlaxcala, la entrega de dádivas está etiquetada, añade la nota.

Se reparte el dinero público a los diputados locales, con el fin de que realicen obras sociales, indica el estudio.

En el caso mexiquense, desde hace 10 años se han etiquetado 187.5 millones de pesos anuales para la atención de demandas ciudadanas, por medio del Programa de Apoyo a la Comunidad.

Ello quiere decir que cada diputado dispone de al menos 2.5 millones de pesos para ese concepto, se indica.

En Tlaxcala, en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos, se etiquetaron 32 millones en 2016, para ser asignados a igual número de diputados del Congreso local.

El Imco advierte que los fines de los congresos locales no son caritativos ni filantrópicos, tampoco electorales ni de plataformas políticas.

“Mucho menos son supletorios a los de una dependencia de los Ejecutivos estatales en materia de desarrollo o infraestructura social”, apunta.

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