Un amplio reportaje de la agencia de noticias Reuters documentó cómo la Refinería de Salamanca, Guanajuato, se ha convertido en un sitio de sangrientas disputas para apropiarse del combustible que refina y cómo los trabajadores son sometidos a extorsiones, amenazas e incluso a muertes. Reuters inicia su amplio reportaje presentando el caso de Alberto Arrendo, un técnico de bombeo de la Refinería, quien en febrero de 2015 recibió la primera llamada de alguien que dijo pertenecer al cártel de las drogas de La Familia Michoacana. “Dijeron que sabían quién era yo y dónde vivía”, recordó a Reuters Arredondo, quien explicó le pedían información sobre su trabajo y la refinería. Al principio, Arredondo colgó. “Pero fueron insistentes”, dijo, llamando de nuevo y exigiendo detalles sobre cuándo se bombearían los combustibles y a través de qué ductos, dice el reportaje. Durante los siguientes dos años, dijo Arredondo a Reuters, fue perseguido, secuestrado, golpeado con una pistola y apuñalado tan severamente que los cirujanos le extirparon la vesícula biliar. En diciembre del 2016 se fue a Canadá, donde busca asilo huyendo de las pandillas que roban combustible de Salamanca y otras cinco refinerías operadas por Pemex, señala el reportaje. El robo de combustible se está convirtiendo en uno de los dilemas económicos y de seguridad más acuciantes de México, que socava más de mil millones de dólares en ingresos anuales del Estado, aterroriza a empleados y frena la inversión privada en refinerías que el Gobierno esperaba que estuvieran prosperando con capital extranjero, recuerda el reportaje. Debido a la campaña del Gobierno contra los narcotraficantes en los últimos años, los cárteles de la droga mexicanos se han fragmentado y están sedientos de nuevas fuentes de ingresos. Ahora, dice el reportaje de Reuters, su papel cada vez más dominante como ladrones de combustible enfrenta cara a cara a dos de los negocios más grandes en el país: las drogas y el petróleo. Los cárteles, que el Gobierno estima generan más de 2 mil millones de dólares al año, son una amenaza creciente para Pemex, que en 2016 tuvo ingresos cercanos a 52 mil millones de dólares y genera casi una quinta parte de los del Gobierno. Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados. Un funcionario de alto nivel de la división de refinación, que pidió no ser identificado, dijo: “nos preocupa la influencia del crimen organizado”. Pero no quiso discutir el tema a fondo. El robo de combustible no es nuevo o exclusivo de México. Sin embargo, los cárteles lo están llevando a una preocupante nueva dimensión y, en el proceso, aumentando sus ganancias. Entre 2011 y 2016, el número de tomas ilegales descubiertas en la red de combustible de México casi se quintuplicó, según un informe reciente del auditor federal. Los costos de reparación subieron casi diez veces a mil 770 millones de pesos. Usando su habitual amenaza narco de “plata o plomo”, las bandas extorsionan a trabajadores de las refinerías para obtener información crucial. Sus tácticas, sumadas a las peleas entre grupos rivales por el acceso al mercado, han llevado a una escalada de la violencia en ciudades como Salamanca, que alberga un tercio de las tomas clandestinas descubiertas en 2016. Cadáveres mutilados de trabajadores de refinerías, de policías y de supuestos ladrones de combustible aparecen cada vez más frecuentemente en esa ciudad, aterrorizando a sus 260 mil residentes. En Guanajuato, dice el reportaje de Reuters, los investigadores abrieron mil 96 casos de asesinatos el año pasado, 14 por ciento más que en 2016 y un 71 por ciento más que en el 2013, el primer año completo de Peña Nieto en el poder. Las entrevistas con Pemex y funcionarios de seguridad mexicanos, autoridades en Guanajuato y locales afectados por el robo de combustible describen una situación cada vez más desesperada para la industria y para la economía regional. Las entrevistas con el ex técnico de bombeo Arredondo, y Juan, un miembro del cártel y asesino confeso que se convirtió en informante federal, muestran el alto costo infligido a las personas en ambos lados del problema. Juan, cuyo apellido Reuters aceptó no divulgar porque sigue siendo un informante, ya no está en Guanajuato. El Gobierno cree que sus aportes son creíbles y han sido corroborados, según un funcionario de alto rango de seguridad federal. El reportaje señala que una banda en particular de huachicoleros domina ahora el negocio ilícito. Presuntamente dirigida por un local, José Antonio Yepez, la banda es conocida como el cártel de Santa Rosa de Lima, el nombre de un pequeño pueblo a 60 km al este de Salamanca. Yepez, apodado El Marro, es buscado por autoridades federales y es sospechoso de delitos que van desde el narcotráfico hasta el robo de combustible. Poco se conoce públicamente de él o de su organización y Reuters no pudo contactarlo para comentarios. El reportaje completo lo pues ver en este link. Compartir
