Bajo el argumento de que la legítima defensa vulnera el derecho a la vida e integridad de las personas, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) manifestó su rechazo a la ley aprobada por el Congreso del estado.

En un comunicado, la oficina del Ombudsman del estado de Guanajuato, indica que presentó una demanda de inconstitucionalidad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma al Artículo 33, fracción XI del Código Penal de Guanajuato.

Recuerda que esta esta misma demanda de inconstitucionalidad se suma a las que también presentó la CNDH en los estados de Morelos y Nuevo León.

El argumento de la PDHEG es que la acción promovida por la CNDH “aborda temas que resultan delicados por su propia trascendencia y naturaleza; como la protección de las víctimas del delito, así como el derecho a la vida e integridad física de las personas, todos ellos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales”.

Fue el pasado 1 de julio cuando el Congreso de Guanajuato aprobó la figura de la legítima defensa en la reforma al Código Penal, lo cual permite que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, delincuente, o no) que atente contra la integridad física o bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente.

La propuesta, presentada por el grupo del PRI, fue votada por unanimidad, y permite que, en el caso de algún asalto o robo con violencia, la víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y estará amparado por la Ley.

La diputada panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, integrante de la comisión, señaló que, de acuerdo a la aprobación, quien se encuentre en su domicilio podrá repeler la agresión.

El documento de la PDHEG indica en su comunicado que, en razón de la importancia y alcance de la colisión de derechos que presenta la norma impugnada, “es importante que sea un poder constituido, como el Poder Judicial de la Federación y su máximo órgano, el que realice el estudio concreto de la norma y defina si resulta acorde al parámetro de regularidad constitucional, o si bien, es contraria a derechos humanos”.

Sugiere además que la demanda de inconstitucionalidad presentada representa “una oportunidad para que el tema sea discutido públicamente por expertos en la materia y puedan surgir resultados que deriven en una protección integral de los derechos humanos”.

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