El gobierno de Donald Trump reconoció haber deportado a un residente de Maryland a una megacárcel salvadoreña debido a un “error administrativo”, a pesar de que una orden judicial prohibía su envío al país.
Aunque pareció reconocer el error, el Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE) argumentó entonces que no podía devolverlo a Estados Unidos, donde los registros judiciales presentados por sus abogados afirman que ha vivido desde 2011 con su familia.
Los abogados del Gobierno estadounidense reconocieron en una presentación judicial que deportaron a Kilmar Armando Abrego García, salvadoreño que vive en Maryland con su esposa y su hijo de cinco años, a pesar de que estaba protegido legalmente para no ser devuelto a su país de origen.
Tanto su esposa como su hijo, que es discapacitado, son ciudadanos estadounidenses, dijeron los abogados al tribunal.
SIN ANTECEDENTES
A Abrego García un juez de inmigración le otorgó estatus legal protegido en 2019, lo que prohibió al Gobierno deportarlo a El Salvador.
Los abogados de Abrego García declararon que llegó a Estados Unidos con 16 años después de huir de la violencia de las pandillas.
“Comenzando alrededor de 2006, los miembros de la pandilla lo habían acechado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo para coaccionar a sus padres a sucumbir a sus crecientes demandas de extorsión”, dijeron en su presentación.
El salvadoreño no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro país, según su equipo legal.
Afirmó que no está afiliado a ninguna banda, a pesar de las afirmaciones del Gobierno estadounidense, que, según los abogados de Abrego García, “nunca ha aportado ni un ápice de pruebas que respalden esta acusación infundada”.
ESTABA TRABAJANDO
Kilmar Armando Abrego García fue detenido el 12 de marzo tras completar un turno como aprendiz de chapista en una obra de construcción en Baltimore, según una denuncia presentada ante un tribunal federal por sus abogados.
Abrego García fue luego enviado a una notoria prisión en su país natal, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, que, según los activistas, está plagado de abusos y donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir.
Fue colocado en el CECOT a pesar de la decisión de un juez de inmigración en 2019 de que no debía ser deportado a El Salvador porque había establecido que era “más probable que no fuera perseguido por pandillas”, según la demanda de su abogado.
La esposa de Abrego García lo vio en fotos y video de la prisión, e identificó a su marido por sus tatuajes distintivos y dos cicatrices en la cabeza, según la denuncia.
(Fotos: Tomadas de La Jornada y AP)