Irapuato
fabrica de ilusiones

“Guanajuato decomisó 50 mil dosis de drogas en una semana”. “Francisco ‘N’, alias ‘Don Pancho’, recibe 30 años de cárcel por el delito de violación contra una menor en Villagrán”. “Laura Yadira recibe 20 años de prisión por homicidio en Salamanca”.

Si bien estos titulares son comunes en Guanajuato -y en otras muchas entidades del país- muy pocas veces nos cuestionamos qué hay detrás de estas acciones de procuración de justicia y de las instituciones que intervienen para detener a los presuntos delincuentes hasta que son sentenciados.

La primera reacción que soltamos cuando policías detienen a los delincuentes es “pues es su trabajo” o bien “para eso les pagan, ¿no?”.

El sábado pasado cuando escuchaba una entrevista radial en León con el director de jueces cívicos de León, Miguel Ángel López, el tema me hizo reflexionar.

En esa charla con la periodista Rita Zamora, el jurista habló desde el lado (casi siempre oculto para nosotros) de la procuración de justicia, de cómo un policía enfrenta a ciudadanos con conductas violatorias de la ley: desde los narcomenudistas hasta delincuentes de alto perfil, pasando por golpeadores de mujeres, asaltantes armados y aquellos que se pasan un alto o conducen en estado de ebriedad.

Los policías sortean a diario las conductas imprevisibles de este tipo de ciudadanos arriesgando incluso sus vidas.

Los datos que ofreció el jurista López fueron contundentes: solo en el mes de diciembre, en León se registraron más de 15 mil sanciones a sujetos por violencia doméstica.

Pero lo más dramático fue su referencia a los crecientes casos de jóvenes involucrados en el tráfico de drogas.

LEER  Abre aerolínea United ruta diaria desde el Bajío a Chicago sin escalas

“El problema viene cuando el joven pasa de la adicción al alcohol a las drogas y de ahí ya es difícil que salgan. Muchos de ellos mueren incluso antes de cumplir los 30 años”, dijo el director de jueces cívicos en la charla.

Los jóvenes metidos en la delincuencia no tienen el apoyo de casi nadie, empezando por su propio círculo familiar, “les avergüenza apoyarlos”, dejando a las instituciones estatales y municipales su rehabilitación.

¿RESPONSABILIDAD DE QUIÉN?

Basta recordar que en esta labor de reincorporación social de los jóvenes intervienen dependencias como los sistemas DIF Estatal y Municipal a través de sus diferentes direcciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Centro Especializado para adolescentes, el Poder Judicial ordenando acciones de labor social, por mencionar algunas. (Aquí un ejemplo https://bit.ly/3pRaT7S).

Es un trabajo de rehabilitación que no solo se sigue en Guanajuato sino en la mayoría de las entidades del país: dejamos la responsabilidad de reeducar y rehabilitar a estos ciudadanos en manos de las instituciones, de nadie más.

Tal parece que muchas familias se están dando por vencidas dejando todo en otras manos y renunciando a su primera misión: la educación. No se trata de decirles solamente a los hijos que “se porten bien”.

(Foto: Tomada de El Telégrafo)