La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) condenó enérgicamente la pretensión del presidente López Obrador de desmantelar el proceso de designación de los juzgadores federales.

La reforma al Poder Judicial anunciada por el presidente es una de las 20 que presentó el lunes en las que busca imprimir más su sello ideológico, pero que tienen pocas posibilidades de ser aprobadas por el Congreso en septiembre.

La referente al Poder Judicial implica una absoluta injerencia en la independencia judicial y propicia la afectación de los derechos humanos.

CONDENA A LA NARRATIVA

“Jufed rechaza la narrativa que se ha construido contra las personas juzgadoras federales, para ubicarlas como adversarias políticas, aliadas de intereses particulares y corruptos, con la única intención de desprestigiarlas frente a la sociedad”, dice la agrupación.

“(Es) una reforma que, en esencia, busca desaparecer el equilibrio de Poderes establecido en la Constitución”, señaló la Asociación, de acuerdo con El Universal.

Remarcó que esta reforma transgrede ese derecho y, por ende, el de acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos.

RECHAZO AL PARTIDISMO

El organismo enfatizó que los juzgadores federales solo se deben a la Constitución y no a los partidos u otros actores.

Explicó que una prueba de ello es que son depositarios de la confianza de los ciudadanos para proteger su salud, su vida, su libertad; y todo ello puede estar en riesgo al politizarse la justicia a través de cuotas partidistas.

Indicó que no se juzga para recibir aplausos, sino para hacer valer el texto fundamental y las leyes que de éste se deriven, detalló que la independencia de la judicatura, mandata la ONU, será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país.

VA CONTRA LOS PRINCIPIOS

“Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán este principio. Ir en contra de ello, no sólo es ir en contra de la Constitución, sino contra los principios que fundamentan nuestra democracia”, añadió la Jufed.

“Sin juzgadores independientes no hay democracia, ni Estado de Derecho, ni certidumbre para el desarrollo de México”, precisó.

Destacó que la reforma es contraria al principio de división de poderes establecido en la Constitución, que es producto de una lucha histórica de las fuerzas políticas y de los ciudadanos.

LAS 20 REFORMAS PROPUESTAS

El lunes, López Obrador, en plena etapa de campaña electoral y a ocho meses de concluir su sexenio, envió al Congreso un paquete de 20 reformas con las que pretende poner el sello de la 4T.

Estas son las propuestas:

  • Reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos
  • Garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de ésta cada año; así como la atención para personas con discapacidad
  • Otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares
  • Garantizar atención médica integral y gratuita a la población
  • Garantizar la vivienda de los trabajadores
  • Prohibir el maltrato de animales
  • Prohibición del fracking y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto
  • Respetar las zonas con escasez de agua y sólo otorgar concesiones para uso doméstico
  • Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo
  • Aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual
  • Que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros trabajadores de gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social
  • Revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón
  • Garantizar el derecho a la educación y al trabajo
  • Brindar seguro a campesinos que cultivan sus tierras y mantener programas de apoyo directo a la producción
  • Utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresa pública estratégica
  • Reducción de gastos electorales, disminución a 64 senadores y 300 diputados, y reducir a 30 por ciento de participación para que las consultas populares sean vinculantes
  • Elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular
  • Integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar corrupción
  • Establecer en la Constitución que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República
  • Eliminar los organismos autónomos

(Fotos: Tomadas de El Universal y Reforma)

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